Argentina suscribió en Ginebra, en mayo de 2003, el convenio contra la adicción del tabaco, a fin de proteger la salud del no fumador en el ámbito de los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tras una demora excesiva, el 13 de junio del año pasado fue promulgada la ley nacional antitabaco 26.687, que pretende evitar más enfermos y muertes en el país como consecuencia de este grave hábito.

Sin embargo, se cuentan por miles los jóvenes que fuman en las discotecas y personas que lo hacen en lugares públicos, sin que se los controle fehacientemente. Según la OMS, el límite contaminante es de 50 micropartículas por metro cuadrado, pero en las discotecas se concentra más de 400 y en un informe de Alianza Libre de Humo de Tabaco Argentina (Aliar), 110 personas mueren por día en el país de cáncer de pulmón y de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), los daños más graves que ocasiona el cigarrillo. Se suman los deterioros del sistema cardiovascular por graves afecciones cancerígenas y respiratorias. Argentina registra la escalofriante cifra anual de 40.150 muertos por causas vinculadas con el tabaco, de las cuales 6.000 son de fumadores pasivos, a quien se debe cuidar primariamente.

La prevención prevista en la esta ley no se cumple, especialmente en niños y adolescentes, descuidándose el sector donde mayor docencia y prédica se debería hacer. Tampoco se ha creado el órgano fiscalizador nacional y por la ausencia de la reglamentación, que debe implementar el Ministerio de Salud de la Nación, no existe una línea telefónica gratuita donde denunciar los incumplimientos. Más grave todavía, es la violación de la ley en lugares que deberían ser ejemplo de cumplimiento, caso de despachos legislativos, nacionales y provinciales, dependencias judiciales y de funcionarios políticos y otras oficinas públicas frecuentadas por colaboradores, asistentes y público. Resulta paradójico -además de increíble-, que la legislación antitabaco no se cumpla donde fue redactada y la ignore el Poder Ejecutivo en su puesta en marcha.

En estas condiciones es muy difícil exigir el cumplimiento y pretender el buen ejemplo gubernamental para que la sociedad admita que se quiere proteger la salud de la población como se comprometió el país ante la OMS.