Los 127 diputados y 24 senadores que compondrán el nuevo Congreso surgido de los comicios del 28 asumirán el 10 de diciembre, pero recién estarán en condiciones de cumplir con sus funciones de proponer leyes a partir del 1 de marzo de 2010.

Todos los partidos de la oposición han cuestionado como extremadamente largo el período de casi seis meses que separan la fecha de las elecciones y el momento de la asunción de los legisladores. Sin embargo aún no han señalado que el tiempo de espera puede prolongarse, porque el 10 de diciembre el Parlamento podría entrar en receso y pasar toda la iniciativa legislativo al mes de marzo.

El nerviosismo por las demoras inspiró al dirigente agrario de Entre Ríos Alfredo De Angeli a pedir la suscripción de un millón de firmas para llamar a un plebiscito por el adelantamiento de las juras, lo que fue rechazado por la totalidad de la dirigencia política.

El artículo 63 de la Constitución establece que las "dos cámaras del Congreso se reunirán en sesiones ordinarias todos los años desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre", aunque le concede que "pueden también ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones".

El texto de la carta fundacional fija las tres alternativas posibles para los nuevos legisladores. Por las primeras de las posibilidades, los legisladores podrían encontrarse que, tras jurar, asumir funciones y ocupar sus bancas y despachos, no sean convocados a sesionar porque las sesiones ordinarias concluyeron el 30 de noviembre, y no fueron prorrogadas por el Ejecutivo ni llamadas a sesiones extraordinarias.

La segunda posibilidad prevista por la carta reformada en 1994 contempla que ambas cámaras sean convocadas por la Presidencia de la Nación en sesiones extraordinarias, pero en este período sólo se pueden tratar el temario que determine el Poder Ejecutivo, y no iniciativas de los diputados y senadores.

La tercera opción, la más favorable a los nuevos legisladores, sería que el gobierno prorrogue las sesiones ordinarias, lo que abriría la posibilidad de que los nuevos legisladores presenten sus propuestas y consigan que sus iniciativas sean discutidas en el recinto de las dos alas del Congreso.

Sin embargo, el contexto político global, que quedará fijado en las elecciones del 28 con una previsible pérdida de diputados y senadores por parte del oficialismo, lleva a pensar que el Gobierno se esforzará por conseguir la aprobación de sus iniciativas antes del cierre de las ordinarias, el 30 de noviembre, porque ése será el momento en el que contará con mayor caudal de tropa propia en varios años.

Si esta es la política que finalmente adopta el gobierno nacional, todos los nuevos legisladores -pero con impacto especialmente negativo para los opositores-, deberán esperar hasta después del 1 marzo de 2010 para lanzar al ruedo con proyectos, armando alianzas para conseguir que se traten primero en comisiones y después en el recinto. A esa altura del año, habrán pasado ocho meses de las elecciones.