El ex militar Jorge Antonio Olivera, considerado el cabecilla de la represión en San Juan durante la dictadura militar, está detenido desde agosto pasado en la Unidad 34 de Campo de Mayo, en Buenos Aires, que depende del Servicio Penitenciario Federal, según confirmaron ayer fuentes de la Justicia Federal local. Desde diciembre de 2008 estaba alojado en el Instituto Penal de Chimbas.

La cárcel en la que quedó encerrado Olivera no es una prisión común, pero tampoco un penal castrense. La creó en el 2007 la ministra de Defensa de la Nación, Nilda Garré, para evitar la dispersión de los represores en distintos cuarteles del país. La custodia de los detenidos depende del Servicio Penitenciario, pero la unidad militar la controla el Ejército. Allí están detenidos, por ejemplo, represores como Alfredo Astiz y Jorge "Tigre" Acosta y también pasó por esas dependencias Jorge Rafael Videla.

Aunque el traslado fue dispuesto por el juez federal Leopoldo Rago Gallo en agosto, el dato recién trascendió ahora. Y generó la reacción del abogado querellante de varias de las causas de derechos humanos que se tramitan en la provincia, Roberto Scherbosky, quien dijo que "Olivera debería estar detenido en una cárcel común".

El tema de los lugares de detención de los ex militares ha sido motivo de polémica, más cuando a algunos de ellos, como al mismo Videla, se les otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria, una opción mucho más blanda que la cárcel.

Olivera está procesado acusado de haber sometido a tormentos a Margarita Camus, Eloy Camus, Hilda Díaz, Raúl Cano, Alicia Romero, Elida Páez y Jorge Biltes. También se lo acusa de los homicidios de María Ana Erize y de Daniel Russo. Y por tormento seguido de muerte de Alberto Carvajal. Y hasta ahora había permanecido detenido en el Instituto Penal de Chimbas.

Según fuentes judiciales, la defensa de Olivera argumentó que su familia está en Buenos Aires y por cuestiones de proximidad con su entorno familiar le concedieron el permiso. Se trata de un beneficio que gozan los detenidos una vez que han sido procesados y hasta que se sustancia el juicio oral y público, que todavía no tiene fecha.

Otro dato que trascendió ayer es que el viernes la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza concedió la excarcelación a otros dos ex militares que estaban detenidos en el Penal de Chimbas con procesamiento acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad contra conocidas personalidades de la política local como el gobernador José Luis Gioja, su hermano el senador César Gioja, el dirigente de la Alimentación Enrique Faraldo y el cortista José Soria Vega. Se trata de Carlos Luis Malatto y Juan Francisco del Torchio.

Los que siguen detenidos por esas causas son, además de Olivera, Osvaldo Benito Martel, Jorge Horacio Páez, Eduardo Daniel Cardozo, Daniel Rolando Gómez y Gustavo Ramón de Marchi.

Según señalaron fuentes judiciales, a Malatto y a Del Torchio el juez Rago Gallo les había denegado el pedido de excarcelación, entendiendo que había peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, por ejemplo que podían ejercer presión sobre los testigos. Pero la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza entendió que no había ese peligro.