Dos de los tres médicos de Salud Pública consultados por la Justicia en la megacausa de las expropiaciones opinaron que Santiago Graffigna no debería ser trasladado al Servicio Penitenciario, ya que ese lugar no cuenta con las condiciones necesarias para tratar las patologías que aduce. Así, indirectamente, se mostraron más de acuerdo con una detención domiciliaria, como lo viene pidiendo la defensa del principal sospechoso del caso. El dictamen de los profesionales no es vinculante, pero será analizado por el fiscal y la jueza del caso para resolver donde seguirá detenido el acusado de liderar la supuesta asociación ilícita que estafó en millones de pesos a la provincia.
Los profesionales fueron convocados a pedido del fiscal de la causa, Carlos Rodríguez. Antes de emitir su dictamen acerca de si Graffigna tiene que ser llevado al Penal o quedar bajo detención domiciliaria (en su casa), solicitó un informe al Servicio Penitenciario sobre las características de la enfermería y su estado, y que una comisión de tres médicos del Estado opinaran si es un lugar apto para albergar al imputado.
Según dijeron ayer fuentes judiciales, el cardiólogo César Salinas sostuvo que no es recomendable mandarlo al Penal, porque tiene un alto riesgo cardiológico. El clínico Andrés Escudero llegó a la misma conclusión, al entender que ese lugar no reúne las condiciones necesarias para atender a una persona con las patologías que aduce Graffigna. Mientras que la psiquiatra Mónica Rojo concluyó que sí puede ser alojado en la penitenciaría, aunque bajo un tratamiento con medicamentos y controles periódicos, aseguraron en Tribunales.
Ahora, el fiscal debe dar su posición. Y si bien no tiene la obligación de coincidir con la opinión de la mayoría de los profesionales de la salud, se entiende que les pidió su visión para estudiarla a la hora de resolver. Según las fuentes, es muy posible que Rodríguez se expida hoy mismo.
Después será el turno de la jueza María Inés Rosselot que, con todos los elementos técnicos sobre la mesa, tiene la libertad de resolver como lo crea conveniente. Su posición es clave, porque es la que finalmente decidirá la suerte de Graffigna.
El acusado está detenido desde marzo en la Regional Sur y como no es un lugar para albergar presos mucho tiempo, debe ser trasladado. Sus abogados defensores, Rolando Lozano y Fernando Rahmé, piden que siga detenido en su domicilio particular, argumentando que necesita atención médica permanente por tener cardiopatía isquémica, hipertensión, depresión y estrés.
Graffigna es uno de los 11 procesados por el escándalo de las expropiaciones (ver aparte). Sobre él pesa el cargo más grave, el de liderar la presunta asociación ilícita de empleados del Estado y profesionales que ejecutaron graves irregularidades en juicios millonarios para estafar a la provincia, delito que no es excarcelable.