Lo inevitable de los fallos es que cada uno reacciona luego de acuerdo a cómo le haya ido en la tienda. Tras el pronunciamiento de La Haya, en la práctica todo sigue igual: la ex Botnia en Fray Bentos y los piqueteros firmes en Arroyo Verde y sin ánimo de ceder en el corte del puente internacional.
En Gualeguaychú, la reacción más escuchada fue la de decir que los jueces se habían “vendido” al oro finlandés y que no se iba a aceptar el pronunciamiento, como si de ellos dependiera esa instancia o como si esa ciudad fuese un Estado libre asociado a la República Argentina.
En Uruguay, al menos amenazaron con ponerse algo colorados, tras la sanción moral que recibieron de los jueces por haber incumplido normas procesales formales, aunque no sustantivas, algo que, en la práctica, fue un engaño liso y llano a las autoridades argentinas. Para algunos, este aspecto del fallo se da de patadas con que la Argentina, la no culpable de la historia, no haya podido aportar pruebas contundentes que determinaran que la planta contamina. Los abogados neutrales llaman a este procedimiento la inversión de la carga de la prueba y dicen que debió haber sido Uruguay el que tenía que demostrar la inversa, que la papelera no es contaminante.
Desde la letra fría del fallo, podría interpretarse que la política del hecho consumado de avanzar, terminar y poner a producir un emprendimiento le ha ganado esta vez al derecho. Según los expertos, los jueces aplicaron el derecho civil clásico que impone primero verificar el daño y, si no lo hay, no se accede a la querella, en contra del derecho ambiental que es protectivo y anticipatorio por definición.
Para Uruguay, nunca estuvo en juego la posibilidad de la relocalización de la planta, sobre todo porque la envergadura del complejo forestal e industrial representa una porción inigualable de su PIB. Ni siquiera recibirá una multa por las trapisondas que le hizo a la Argentina en nombre de sus necesidades.
El no cumplimiento del Tratado del Río Uruguay por parte de uno de los pases obliga ahora a buscar mecanismos diplomáticos para reencauzar la vida en común. En este aspecto, ahora se entiende el por qué de la sorpresiva visita del presidente José Mujica de la semana anterior, la de avisar que la cosa venía en dosis salomónicas y que ambos gobiernos debían fortalecerse a partir de los errores propios. Cristina Fernández lo escuchó y aún despejando el interés argentino porque Néstor Kirchner asuma la titularidad de la Unasur, la moraleja del entendimiento presidencial es que nadie, nunca más, podrá hacer algo en el río, sin consultar al vecino. Por eso, ahora se abre la instancia bilateral de poner sobre el tapete negociaciones sobre los impactos visuales, olfativos, sonoros y turísticos, sobre los que el Tribunal no se declaró competente, junto a nuevos emprendimientos binacionales que mejoren el empleo y el progreso de las zonas limítrofes a los ros en común, dentro de un marco ambiental sustentable.
Pero para todo esto, Uruguay pide que el corte del puente internacional se levante de inmediato, como modo de acatamiento al sentido del fallo, un statu quo que la Argentina no sólo consintió durante tres años y medio, sino que alentó.
