En 2012, los abogados de Fiscalía de Estado se enteraron que un juez nacional iba a rematar 390 mil hectáreas en una zona de la cordillera de San Juan, en el departamento Calingasta (foto). El inmueble era supuestamente de la compañía internacional National Led Co SA y como quebró, el magistrado decidió realizar sus bienes para cubrir las deudas que dejó. Después de varias idas y venidas, Fernando Saravia atendió la oposición interpuesta por la provincia y frenó la subasta. La Fiscalía de Estado argumentó primero que no había un plano de mensura que identifique con precisiones geográficas y jurídicas los límites del inmueble. Después, la empresa Estomonte se presentó en el expediente y acreditó propiedad de 307 mil hectáreas que se superponen que con las de la compañía inglesa. Por todo eso, el juez resolvió para el proceso hasta que se realice una mensura. Además de las anomalías de título y la ausencia de documentación, la reacción del Estado se debió a una cuestión estratégica. Es que por esas tierras pasa, por ejemplo, el río Castaño y hay glaciares y reservas níveas. Meses más tarde, se dio una situación muy particular que se asemejó más a una avivada que a una cuestión de derecho. Un mendocino se presentó en San Juan invocando derechos sobre 50 mil hectáreas ubicadas en Calingasta y dispuesto a hacer un juicio de posesión veinteañal para quedarse con las tierras. La Fiscalía de Estado montó un amplio operativo (foto), fue hasta el lugar y se encontró con que el supuesto dueño no podía acreditar que era de él y así, consiguió parar la maniobra.
