Juana Guerrero, la única exconcejal de Rivadavia que decidió enfrentar el juicio oral y público por el caso de las ayudas sociales de Rivadavia, fue condenada ayer por los miembros de la Sala III de la Cámara Penal a dos años de prisión en suspenso y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos electivos. Fue la séptima exfuncionaria en recibir un castigo por el mal uso que se hicieron de los fondos municipales que debían estar destinados para personas carecientes en el departamento durante la crisis de los años 2001 y 2002 en tanto falta definir la situación del exedil Cristóbal Liuzzi, que está residiendo en España.

Según su abogada defensora, Irma Alonso, ya pidió acceder a un juicio abreviado, en el que reconocerá su responsabilidad en el mal manejo de los recursos, pero recién podría viajar para firmar el acuerdo en el mes de marzo.

Tras una serie de planteos judiciales que incluso hicieron temer que la causa pudiera prescribir, otros 6 exconcejales ya habían aceptado someterse al procedimiento del juicio abreviado, aceptando su responsabilidad en los hechos imputados. En una primera tanda fueron Nicolás Tejada, Isidro Díaz y Lidia del Carmen Díaz de Zárate. Y después también adhirieron Carlos Reinoso, que era el presidente del Concejo, Oscar Ruz y José Orlando Páez.

Después sólo quedó Guerrero dispuesta a enfrentar el juicio oral y ayer se llevaron adelante los alegatos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Y luego vino el veredicto.

La fiscal Alicia Esquivel dijo que “en el proceso ha quedado probado que Guerrero se quedó con dinero que era para los carenciados, falsificó la firma de una persona y perjudicó a la municipalidad”. A su turno, el fiscal Daniel Guillén había pedido 3 años de prisión en suspenso.

Por la Defensa, Ricardo Moine habló de “intencionalidad política de difamar a mi clienta” y que “ella no se quedó con el dinero de nadie”. Por eso pidió la absolución.

La propia Guerrero reconoció que “fui negligente con el manejo del dinero de la gente, pero no he cometido delito”.

Finalmente los miembros de la Sala II, Eugenio Barbera, Héctor Fili y Leopoldo Zavalla Pringles la encontraron culpable y le dieron la misma condena, dos años de prisión en suspenso y la inhabilitación a ocupar cargos públicos electivos, que habían recibido los exconcejales que fueron al juicio abreviado.