Dos concejales oficialistas de Caucete, Alejandro Varela y José Giménez, decidieron rechazar el veto a una ordenanza que propiciaba el intendente Julián Gil por entender que “no era lo correcto”. La norma que cuestionaba el jefe comunal era la adhesión del municipio a la ley provincial de Etica Pública, que estipula que los funcionarios comunales deben realizar una declaración de bienes en forma anual. La rebelión de los ediles a la línea política que impone la máxima autoridad del municipio no es la primera en la provincia desde diciembre pasado. Hay un antecedente en San Martín, donde un concejal que llegó con Cristian Andino rechazó un proyecto del funcionario que ofrecía un incremento salarial del 32% a los empleados.
En Caucete, la ordenanza que levantó polvareda fue a instancias de la concejal Romina Rosas, del Frente para la Victoria, para que el municipio adhiriera a la ley provincial que apunta a aportar transparencia al gobierno municipal. Pero Gil, del Frente Compromiso con San Juan, la quería vetar con el argumento de que la obligación de presentar la declaración jurada de bienes ya aparece en la Carta Orgánica y que no había participado en la redacción de la norma. Pero, en la práctica, para cumplir con la normativa provincial, la comuna debe adherir expresamente porque un concejal opositor, Juan Carlos Vicente, del Frente Juntos por San Juan, intentó presentar su declaración de bienes en la Escribanía Mayor de Gobierno, pero no lo dejaron porque la comuna no se había sumado a la obligación.
No obstante la intención del jefe comunal, en la sesión del jueves pasado del Concejo el veto fue rechazado por 5 votos, contando los dos del FPV, Rosas y Julián Elizondo, el de Vicente, que es de origen radical, y los dos de los basualdistas Varela y Giménez.
Sobre los motivos de su posición, Varela, quien contó que lo había acordado así con su par Giménez, sostuvo que “nosotros no somos levantamanos de nadie. El veto estaba mal y nuestro compromiso es con la comunidad”.
Gil, a través de un colaborador, insistió con los argumentos que ya había expresado en el proyecto que disponía el veto al proyecto de la concejal Rosas. Consignó que “el DEM (Departamento Ejecutivo Municipal) no tuvo la debida participación en la creación de la norma hoy vetada” y que la declaración de bienes ya aparece en el texto de la Carta Departamental y que, por lo tanto, era redundante.
En la práctica, al no prosperar el veto que proponía Gil, el intendente, los concejales y los funcionarios que forman parte del gobierno municipal han quedado obligados a presentar la declaración de sus bienes ante la Escribanía Mayor de Gobierno.