No hubo caso, las audiencias convocadas por la Subsecretaría de Trabajo no fueron suficientes para que el Sindicato Médico y la empresa que presta el servicio público de ambulancias se pusieran de acuerdo. La negociación terminó fracasando ayer, el gremio anunció que el 4 de agosto hará un paro de 24 horas y que asistirá únicamente a los casos graves. En el organismo laboral quedó la sensación de que los sindicalistas fueron con la intención de “romper” y analizan llamar a una conciliación obligatoria, mientras que en Salud Pública sigue latente la idea de llevar el tema a la Justicia para que se garantice la atención a la población.

El conflicto tiene como protagonistas directos al gremio que lidera Daniel Sanna y a la empresa Buenos Aires Call, que es la adjudicataria del servicio de ambulancias. Pero la cuestión va mucho más allá del interés de dos privados, ya que está en juego la atención de los sanjuaninos que sufren una emergencia en su salud y su suspensión pone en riesgo de vida a los mismos.

Las partes se reunieron para seguir con la negociación que abrió la Subsecretaría de Trabajo con el objetivo de evitar que el gremio concretara sus amenazas de paro. La empresa había ofrecido un aumento de haberes del 32 por ciento (en la práctica dicen que implica el 37) en dos tramos, pero el encuentro se terminó antes de que llegaran a analizarlo. Los médicos agregaron a la discusión el pago de viáticos por viajes a Mendoza y Buenos Aires para trasladar pacientes y tras un fuerte cruce, el diálogo quedó trunco.

Terminada la reunión, el secretario Adjunto del Sindicato Médico, Pablo Flores, anunció que ahora sí harán huelga. Según dijo, será el 4 del mes que viene y atenderán sólo casos de extrema urgencia, es decir en los que está en peligro la vida de las personas (llamados códigos rojos), como ACV, infartos y accidentes con consecuencias graves. Significa que las consultas domiciliarias, los traumatismos leves y hasta fracturas sin mayores riesgos no serían cubiertas.

El subsecretario de Trabajo, Roberto Correa Esbry, señaló que “me parece que el gremio fue a romper la negociación”. Además, señaló que analizará convocar una conciliación obligatoria. En ese caso, si ninguna parte se declara rebelde, las medidas de fuerza quedarían suspendidas mientras se lleva a cabo la discusión.

Frente a la confirmación del paro por parte del Sindicato Médico, en el Gobierno siguen barajando la opción de recurrir a la Justicia para garantizar la prestación de un servicio vital como el de las ambulancias públicas y que la población no quede desprotegida. “Llegado el momento, si no queda otra, lo vamos a hacer”, había dicho una fuente giojista cuando el gremio anunció por primera vez un plan de lucha.

La estrategia es presentar, a través de Fiscalía de Estado, un amparo invocando que se trata de un servicio esencial que no se puede interrumpir y acompañarlo por una cautelar que obligue a los médicos a no abandonar sus puestos de trabajo. Es el mismo camino que utilizó, por ejemplo, en una puja que se desató entre los médicos terapistas y la Obra Social Provincia (OSP) y en extensos paros de la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP). En ambos casos, arrojó buenos resultados para el Estado porque los jueces hicieron lugar a la cautelar y los servicios se normalizaron.

Incluso, la herramienta judicial se usó en un conflicto con el aguerrido Sindicato Médico, que es el que más paros le ha hecho a la gestión giojista. En febrero de este año, impidió que realizara un paro de 12 días consecutivos en los hospitales públicos. El titular del Juzgado Civil Nº 11 los conminó a no ejecutar la medida, ya que la atención de la población es de carácter esencial y está por encima del derecho de huelga.

La nueva protesta de los médicos llega en un momento de alta tensión con Salud Pública. El gremio mantiene disputas por el funcionamiento del Servicio de Maternidad del Hospital Rawson y por el personal asignado a las guardias del Servicio de Urgencias del mismo nosocomio.