El Ministerio de Trabajo de la Nación salió al cruce en el conflicto por reclamos salariales que vienen manteniendo la Unión Tranviarios Automotor (UTA) con las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros de larga distancia y dictó el viernes último la conciliación obligatoria de las partes, durante 15 días hábiles, a partir de la 0 hora de mañana. La medida de la cartera laboral, ya acatada por la cúpula de la organización sindical, frustró los propósitos de paralizar en todo el país los servicios de ómnibus de larga distancia en días claves por el intenso movimiento familiar y turístico, ante la festividad de fin de año y el inicio de las vacaciones.
La intempestiva estrategia del gremio, destinada a lograr respuesta inmediata a sus reclamos, utilizando a la gente como un rehén inesperado de por medio, es decir provocando el mayor daño posible a la comunidad que nada tiene que ver con las reivindicaciones sectoriales, es una forma de chantaje gremial conocida, que el oportunismo dirigencial elige en momentos clave, como los docentes lo vienen haciendo en vísperas de iniciar las clases, para citar otro ejemplo reiterado.
Nadie pone en duda la legitimidad del derecho de huelga como garantía constitucional, cuando se agotan todas las instancias contractuales, tampoco es tema de análisis en este espacio si los 2.000 pesos de bolsillo que exige la UTA como paso previo a la apertura de las negociaciones paritarias del año próximo es el camino adecuado para llegar a un entendimiento, aunque también tiene cariz extorsivo. Pero de lo que no hay dudas es de la irracionalidad de involucrar a la ciudadanía en un problema que lo soportaría como pasajeros de un servicio esencial.