El destino político del joven Francisco ‘Paco‘ Pérez -el candidato del entorno de Cristina triunfador de la gobernación en las últimas elecciones- ha tenido un primer tropiezo complejo, en plena luna de miel de la construcción de su propio piso político. Es que, pese a ser un hombre que cree en el desarrollo metalífero ‘sustentable‘, durante las últimas elecciones convino con sus huestes (los intendentes del PJ y sus principales referentes K ) eliminar de toda proclama del verano la posibilidad de discutir el desarrollo minero metalífero en la provincia, que pudiera minar el ‘arrastre‘ que le dispensaba la catarata Cristina, en una Mendoza en la que la prédica anti-minera ha prendido muy fuerte. Sin embargo, cuando el tema parecía relegado en estos primeros tiempos hasta la consolidación de Pérez, inesperadamente y con un debate intenso y enteramente público, la mayoría de los intendentes de mayor poder político territorial del PJ (el de Guaymallén, presidente del PJ, el de Las Heras, territorio minero, el de Maipú, el de San Martín y hasta con algunas particularidades el de San Rafael) salieron a plantearle sin disimulos al gobernador, ‘la necesidad de replantear la política minera metalífera, sustentable‘. Otro grupo de intendentes -sobre todo los del Valle de Uco, Tunuyán, San Carlos y Tupungato, zona de vides finas y conservas agroindustriales, de discurso claramente anti-minero) se aferran a la Ley Antiminera que los ambientalistas ruralistas le impusieron por presión electoral a Julio Cobos en 2006, cuando este último negociaba su integración política al kirchnerismo. Las enfáticas y para nada disimuladas razones que esbozan los caciques peronistas del territorio se explican fácil: administran las comunas de mayores necesidades en asistencia, servicios y obra pública para dignificar la vida del vecino y los recursos no permiten el despliegue político consecuente. Entienden que ‘un Estado criterioso, responsable de la naturaleza, tiene también la responsabilidad de mejorar la vida del ciudadano y hoy con el modelo productivo mendocino no alcanzan los recursos‘. Ellos saben -San Juan lo evidencia muy cerca de la frontera- que las populosas Las Heras, Guaymallén, podrían multiplicar sus presupuestos de servicios y obras, si se pudiera desarrollar la ‘minería sustentable‘. Para colmo de tensiones, Pérez -hombre del entorno Bossio, Mazzón y los jóvenes K de la Rosada- tiene claro que las instrucciones del Gobierno nacional en este sentido son precisamente de buscar una salida a la explotación minera, por los recursos regionales que eso implica y por la trascendencia que CKF le otorga a las exportaciones mineras como ingreso. Como era de esperar, la oposición política -muy atenta a este diferendo entre pares- está sembrando su propio rédito. El radicalismo, dirigido por Alfredo Cornejo y los demócratas con una conducción difusa ya están montándose en esa discrepancia y -obvio- se aferrar a la Ley Antiminera que el ambientalismo le sacó alguna vez a Cobos. (‘No es momento ni hay apoyo social para discutirlo‘, explican). El pasado fin de semana -mientras insistía en que ‘no es momento para ese debate‘- Paco Pérez suspendió un encuentro campestre con los de la rebelión pro-minería. Es que venía de un momento tenso, cuando el proyecto San Jorge de cobre en las cercanías del límite con San Juan, entre Uspallata y Barreal, volvió a la tensión pública, el día en que la Coro Mining y su filial hizo saber que estaba dispuesta a trasladar su propuesta de explotación a tierra sanjuanina, para el procesamiento de la roca que se extraiga en Mendoza. La probable erradicación abrió huellas de disputa en los intereses económicos, políticos y oficiales del Barrio Cívico. La versión que parece cobrar cuerpo en la disputa peronista por la minería metalífera empieza a armonizar una propuesta. Los pro-mineros sostienen la facultad de decidir en sus ejidos, qué se explota, cómo y con qué exigencias económicas. Apelan a ello a la autonomía municipal. Y aclaran: ‘Los municipios que no quieren el desarrollo minero, no podrán luego ir a la ventanilla a cobrar dividendos de lo que se produce en otros departamentos‘. Actualmente, por ejemplo, las regalías del petróleo se distribuyen el 86% entre las comunas productoras en función del producido cotidiano y sólo el restante 14% va a rentas generales para prorratear entre todas las otras. Malargüe, en el extremo Sur es la que más percibe.
De todas maneras, nada parece de resolución pronta, porque Pérez tiene decidido ir muy despacho en la confrontación. Sabe que necesita prioritariamente consolidar su poder propio, por ahora sustentado más cerca de la Rosada que de la carpa PJ de Mendoza.