Casi un millón de pesos, en total 968.000, es lo que un grupo de 14 médicos de la provincia ya jubilados, casi todos mayores de 80 años, lograron cobrar hace poco más de una semana de la Caja Mutual de la provincia en concepto del polémico seguro de supervivencia. Fue a través de una demanda civil contra la Caja iniciada hace 11 años y que recién ahora se terminó liquidando. En Tribunales no recuerdan en los últimos años un pago por una cifra tan importante y a esa cantidad de beneficiarios. Y según estimó Enrique Atencia, coordinador general de la Unidad de Control Previsional, de donde depende la Caja Mutual, en los últimos 10 años no hubo más de 3 juicios que hayan terminado con sentencia favorable y este es el de pago récord en cantidad de plata.
Desde el Juzgado donde se tramitó la causa, el Octavo Juzgado Civil, Comercial y Minería, a cargo de Daniel Olivares Yapur, pidieron reserva de los nombres de los beneficiarios, que cobraron entre 50.000 y algunos hasta 200.000 pesos, por resguardo a su integridad.
El motivo del reclamo es de antigua data y consiste en que los pasivos vienen presentando primero recursos administrativos y después demandas judiciales para que les paguen el seguro de supervivencia, equivalente a 20 sueldos tomando como base el último aportado.
El seguro de supervivencia, que rige desde 1987, existe nada más que en San Juan y establece que los empleados estatales pueden pedir el pago de los 20 sueldos al momento de su jubilación (como adelanto de los 40 seguros de vida). Pero como los fondos del sistema no alcanzan para hacer frente a todos los compromisos porque si pagara se desfinanciaría, los interesados terminan reclamando en los estrados judiciales.
Sólo a la primera tanda, unos 3.000 que iniciaron el trámite entre 1988 y 1989, se le pagó el 0,63 por ciento de los 20 sueldos. A los demás nunca se les dio un peso.
Por ese motivo, incluso en repetidas oportunidades en el Gobierno estudiaron la posibilidad de modificar la ley para derogar el seguro porque consideran que en la práctica es inaplicable. Y hasta Atencia dijo que hay un borrador en el Ministerio de Hacienda para modificar la ley, pero no hay fecha para terminarlo y mandarlo a la Cámara de Diputados.
Es que el costo político para la administración del gobernador José Luis Gioja sería alto, porque todos los gremios estatales se oponen férreamente a esa posibilidad. De todos modos, Atencia vaticinó lo que va a suceder. "Cómo están las cosas, el sistema va a colapsar", dijo el funcionario.
El sistema se nutre del 4 por ciento de los sueldos que les descuentan a los agentes estatales. Y el pago depende de la disponibilidad mensual de fondos en la Caja Mutual, descontando los seguros de vida, que son 40 sueldos que se les paga a los familiares del agente fallecido. En promedio, en la Caja pagan entre 75 y 80 seguros de vida mensuales, que ascienden a montos de entre 30.000 a los 200.000 pesos en promedio, dependiendo de lo que el trabajador estatal percibía en vida.
A partir de 1996, empezaron a llegar a la Caja Mutual cientos de reclamos de jubilados. Al no lograr que les paguen, optaron por demandar al Estado en los Tribunales, en donde consiguieron fallos favorables de primera instancia y en la Cámara de Apelaciones.
Sin embargo, Fiscalía de Estado viene presentando recursos extraordinarios ante la Corte de Justicia objetando el procedimiento formal y finalmente las demandas terminan siendo rechazadas.
El rechazo de la Corte siempre ha sido por aspectos formales y no por el planteo de fondo, en el que se discute el derecho de los jubilados a cobrar cuando hay una ley que los avala.
La excepción fue este caso que no llegó a la Corte y en el que hubo una audiencia de conciliación con la participación de los abogados de Fiscalía de Estado, los beneficiarios y Atencia, acordando el pago.