Los testimonios que hay en la repartición y la Policía dicen que se aprovechaba de su cargo y de la confianza que le daban los jubilados, para sacarles dinero con distintos artilugios. La protagonista se llama Carolina García, trabaja en el PAMI local desde la gestión de Jorge Clavel y fue denunciada en el organismo y en el fuero Penal por una presunta estafa contra los abuelos. En la obra social hay en marcha un sumario que podría terminar en su cesantía y en la Justicia se está sustanciando una causa penal.
Las denuncias en el PAMI fueron confirmadas por su interventor, Nicolás García, y fuentes policiales aseguraron que desde el mes pasado hay una causa en contra de la mujer que ya fue girada al Juzgado de Instrucción Nº 1, a cargo de Leopoldo Zavalla Pringles. Todo, por supuestos engaños a jubilados que ya la llevaron a estar en la mira en el pasado.
García entró al organismo nacional durante la gestión anterior y hoy está en el ojo de la tormenta. El titular del PAMI contó que las personas que hicieron la denuncia son "muy humildes" y dicen que la mujer les pedía plata y, presuntamente, las hacía firmar como garantes o solicitantes de créditos que disfrutaba ella.
El caso ya se conoce a nivel nacional y preocupa. El PAMI es la segunda obra social más importante de la provincia por cantidad de afiliados -unos 50 mil- y presupuesto y es un área de extrema sensibilidad. Pasa que tiene la responsabilidad de atender la salud de miles de pasivos, uno de los sectores sociales más vulnerables.
La sospechosa trabaja en la agencia del departamento 9 de Julio y conocía a los abuelos cuando iban a la oficina a hacer algún trámite por remedios, subsidios u otros beneficios. Y, de acuerdo a lo que contaron personas vinculadas a la investigación, aparentemente los visitaba seguido para ganar confianza y después los llevaba en remís hasta el centro y los engañaba para que pusieran la firma.
Las denuncias en el PAMI fueron realizadas por dos afiliadas nuevejulinas: una es Inocencia Gómez y la otra Carmen Molina. En la Policía, dijeron las fuentes, ingresaron al menos dos presentaciones, pero no informaron los nombres de quiénes las impulsan.
En la Justicia, el delito que está en juego es el de estafa. Está tipificado en el artículo 172 del Código Penal y contempla penas que van de 1 mes a 6 años de prisión. Es excarcelable, por la mujer no iría presa en caso de ser encontrada culpable.
En el organismo nacional se disparó un sumario administrativo que busca determinar a ciencia cierta que pasó en los casos que denunciaron las dos afiliadas. Si García es encontrada responsable, podría sufrir un llamado de atención, una suspensión o hasta podría ser exonerada, en cuyo caso no podría volver a la administración pública por un tiempo determinado.
Hace un tiempo que García no asiste a su trabajo porque está de licencia por enfermedad y no es la primera vez que es apuntada por afiliados al PAMI. El interventor del organismo aseguró que en la gestión anterior ingresaron denuncias contra la misma agente, aunque no supo precisar cuál fue la suerte que siguieron.
Por lo pronto, las autoridades de la obra social están barajando tomar una medida a corto plazo. A modo de medida preventiva, analizan que la mujer sea trasladada a otra dependencia del organismo una vez que se recupere de su afección y se reincorpore al trabajo.