Le guste o no le guste a los ministros Héctor Timerman y Amado Boudou, se notó -y mucho- que ambos fueron a buscar, con más necesidad que convicción, a los técnicos del Fondo Monetario Internacional para que ayuden a la Argentina a apagar el incendio.
¿Ante quién? Ante la comunidad internacional, que la Argentina pretende integrar como socio sin pasar por la secretaria del club a sacarse la foto, pero también ante el descrédito interno de una inflación no reconocida que juega cada vez más en contra de la imagen gubernamental.
En Seúl se le ha explicado una vez más a los funcionarios que esa silla en el G-20 que ocupa el país tiene un precio y que hay que pagarlo con cierto apego a las reglas internacionales, entre ellas un diagnóstico de la economía que esté en línea con todos los demás integrantes.
¿Quién puede proveer un servicio de ese carácter? Nada menos que el odiado FMI, capaz de estandarizar en números las economías de todos los miembros. Un garrón para la Argentina, orgullosa de vivir con lo suyo, que se cansó de insultar al Fondo desde cuanta tribuna tuvieron a mano los dirigentes. Pero si el Fondo no va a llegar, como se prometió, para ser el auditor de la salida del default argentino con el Club de París, al menos va a meter las narices en el bastión más cuestionado del kirchnerismo, el INDEC.
Y allí, tendrá mucho que decir, ya que uno de los motivos por los cuáles la Argentina no se sometía a la revisión del Artículo IV del Estatuto del propio Fondo era para que no destapar ciertas ollas, entre ellas las estadísticas de la inflación, la situación con los bonistas y el cálculo de la pobreza.