Un día después de declarar constitucional la Ley de Medios Audiovisuales, que tanto reclamaba el Gobierno tras cuatro años de batallas judiciales, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, defendió ayer la decisión del máximo tribunal al respecto, pero admitió que la disputa legal ‘no termina acá‘ y continuará con su aplicación. Reconoció que, hacia el futuro, el Grupo Clarín, principal afectado- tiene ‘el derecho‘ de hacer valer judicialmente su opinión.
También el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni pronosticó que se van a discutir en sede judicial aspectos operativos de la Ley, como la situación de los plazos para desinvertir. “Seguramente se va a discutir, (en la Justicia local) si están vencidos los plazos para la desinversión que deberían efectuar los grupos que tengan más licencias de las permitidas por la normativa.
En el mismo sentido, el constitucionalista Daniel Sabsay estimó que si Clarín puede demostrar que hay ‘discriminación‘ en su contra, la cuestión se ‘va a volver a judicializar‘.
Los expertos señalan que la sentencia de la Corte, si bien es inapelable en cuanto a la declarada constitucionalidad de la Ley de Medios, deja varias posibilidades para que sean recurridas judicialmente en el fuero local las resoluciones que emita la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
En su fallo la Corte recomienda que la autoridad de aplicación de la Ley, la actual AFSCA, sea ‘un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del Gobierno como de otros grupos de presión‘.
Sobre este punto, el constitucionalista Sabsay sostuvo que para salvar el problema, la AFSCA debería otorgarle al Grupo Clarín ‘un plan voluntario‘ de adecuación, ya que si la situación es diferente en relación a otros grupos de medios se ‘va a volver a judicializar‘.
El martes, tras conocerse el fallo de la Corte, el titular de la AFSCA dijo que ‘iba a continuar’ con la desinversión de oficio que esa entidad le había iniciado al Grupo Clarín. Con otros grupos hubo una desinversión acordaba a partir de un plan presentado oportunamente.
De todos modos, un nuevo frente judicial no afectaría para nada la aplicación de la ley porque no está en duda su constitucionalidad.
‘No hay muchas dudas entre los magistrados acerca de la constitucionalidad de la ley, el problema se genera luego con su aplicación‘, enfatizó, Lorenzetti.
El presidente de la Corte Suprema aseguró que la ley ‘no afecta a la libertad de prensa‘ y negó tajantemente que el fallo responda a un pacto con el Gobierno, tal y como denunció la diputada opositora Elisa Carrió.
‘Somos muchos, tenemos opiniones diferentes y cualquier tipo de pacto sería absolutamente conocido‘, justificó el magistrado.
La norma fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35% del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35% de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.