Ayer por la mañana, dos policías bloqueaban sendas entradas a la calle interna del Parque de Mayo, bajo la orden judicial de prohibir el ingreso vehicular por el riesgo de electrocución que había en el predio. Pero el mismo juez que había dictado esa medida, a la vez permitía el ingreso de los peatones al paseo, sólo bajo la recomendación de que no lo hicieran debido al peligro que corrían, pero liberado a la decisión de cada uno. Y por la tarde, cuando el parque ya estaba volviendo a llenarse de gente, hubo una nueva orden de la Justicia: levantar la prohibición, que circularan libremente los vehículos y que no mediara advertencia alguna, ya que, tras una revisión general, se consideraba que ya no había riesgo de electrocución. Pero al mismo tiempo, el electricista del parque, Miguel del Re, le decía a este diario que una revisión bien a conciencia de todas las farolas y el sistema eléctrico a pleno llevaría fácilmente una semana.

Todo esto sucedió en menos de 12 horas. Por la mañana, el juez Horacio Morando, titular del Primer Juzgado de Faltas provincial, dijo haberse enterado por DIARIO DE CUYO de que el electricista del parque había declarado el alto riesgo de electrocución que había, como consecuencia de los cables pelados de las farolas tras las conexiones clandestinas que hacen los vendedores ambulantes durante los fines de semana. Eso había salido a la luz la noche del martes, cuando un perro intentó beber agua estancada junto a una farola y murió electrocutado en el acto.

Por eso el magistrado decidió, como medida preventiva, prohibir el ingreso al Parque de Mayo en auto y recomendarles a los peatones (pero sin imposición) no ingresar al interior del mismo. Decisión tomada ante la "falta de control e intervención" de los organismos responsables, según el propio juez. "Leí la nota y sentí impotencia al ver que fue un empleado del lugar el único que demostró preocupación y denunció públicamente lo que sucede con los vendedores ambulantes y las consecuencias de ello. Por eso decidí intervenir y dictar una medida preventiva y disuasiva, le moleste a quien le moleste", le dijo Morando a este diario.

Pero, pese a que se prohibía expresamente el ingreso vehicular, se permitía que la gente circulara por el espacio verde, aún cuando es justamente en su interior donde radicaba el peligro. Morando dijo que se apelaba a la conciencia de la gente, ya que era imposible cerrar todo el perímetro o contar con el personal policial suficiente para impedir el ingreso de las personas por cualquier punto.

Durante la primeras horas de la puesta en marcha de la medida dictada por el juez, sólo dos agentes policiales se encargaron de impedir el acceso de vehículos al parque y de recomendar a la gente por cuál sector pasear o correr. "El problema es que no podemos dejar nuestra posición para recomendarles precaución a las personas que ingresan por otro sector del parque -dijo uno de los policías-. No sabemos qué vamos a hacer si la medida se prolonga hasta el fin de semana, cuando hay mucha concurrencia".

Por eso la acción de los policías se limitaba a la advertencia a los paseantes. Medida que no dio muchos frutos: ayer el parque tuvo su flujo habitual de visitantes para día de semana. Por la mañana no hubo mucha gente, por la tarde ya sí había bastante y por la noche casi se llenó.

Pero a esa altura el panorama, al menos en las versiones oficiales, ya era otro. Por la tarde, el juez Morando hizo una inspección junto con la Policía en el predio y decidió levantar la restricción vehicular. Dijo que la gente de Obras Públicas (a cargo del mantenimiento del lugar) ya había relevado todas las farolas, arreglado más de 10 y cortado la electricidad en más de 20. Y que ya estaba todo fuera de peligro. Agregó que hoy todo el parque tendrá la energía eléctrica cortada durante el día y que lo más probable es que no haya que dictar ningún tipo de restricción como la de ayer.

Mientras tanto, ayer el juez y la Policía decomisaron dos carros pancheros que estaban colgados de la electricidad, junto a sendas farolas. Los levantaron del Parque y los depositaron en la sede de Bomberos a la espera de una resolución judicial.

Impedir el ingreso al parque es algo que había reclamado el intendente de la Capital, Marcelo Lima, al día siguiente de la muerte por electrocución del perro. Pero su pedido no tuvo eco en las autoridades de Obras Públicas y eso causó malestar en el municipio.