En relación a la necesidad de estar preparados para afrontar los efectos de la actividad sísmica propia de la zona en la vivimos, un grupo de expertos representantes de distintas instituciones locales ha elaborado un proyecto de un plan provincial de contingencia sísmica que está plasmado en un documento, al que ha tenido acceso exclusivo este diario, y que actualmente está en manos de autoridades del gobierno de la provincia.
Entre las entidades que han participado en la elaboración del programa, que tiene por objetivo minimizar o mitigar los efectos de los sismos destructivos que puedan afectar a distintas poblaciones de nuestra provincia, figura la Universidad Nacional de San Juan, a través de de sus cátedras específicas de Ingeniería y Arquitectura y los institutos de investigaciones; la Delegación San Juan de la Cámara Argentina de la Construcción; el Inpres y los colegios de Ingenieros y Arquitectos.
En la opinión de un experto en la materia, como lo es el ingeniero Julio Aguirre Ruiz, quien es asesor de la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción, es notable el adelanto alcanzado en los últimos años por la geofísica, la geología y la ingeniería sismorresistente, que son las disciplinas básicas que aportan la información necesaria, aunque no suficiente, para la mitigación del peligro sísmico. Esto ha permitido desarrollar adecuadas técnicas para la evaluación del riesgo, establecer medidas de ingeniería para la reducción de pérdidas y mejorar el conocimiento de las consecuencias socioeconómicas provocadas por los terremotos.
El ex ministro de Obras Públicas de la provincia y ex director del Inpres, consignó además que estos logros del campo científico y tecnológico, que se desarrollan en su mayor parte dentro del sector público (gobierno, organismos oficiales, universidades) no tiene relación con lo poco que se ha avanzado respecto del planeamiento integral de la respuesta a futuros desastres, a la asignación de recursos financieros y al dictado e implementación de medidas legales y administrativas tendientes a atenuar el impacto de los terremotos.
Conforme a la expuesto es que es necesario un Plan de contingencia sísmica, que en la opinión de expertos consultados debería implementarse a través del área de Ciencia y Técnica del gobierno de la provincia, con la colaboración de los organismos específicos, anteriormente mencionados.
El documento que ha sido puesto a disposición de las autoridades pertinentes prevé en su introducción un exhaustivo análisis de la actividad sísmica en la República Argentina, distinguiendo con exactitud los conceptos de peligro y riesgo sísmico. El primero se define "la probabilidad de que ocurra una determinada amplitud de movimiento del suelo en un intervalo de tiempo establecido, por lo que depende del nivel de sismisidad de cada zona”. En tanto que el riesgo sísmico es "el nivel en que las personas, las construcciones y las instalaciones están expuestas a los daños potenciales derivados del peligro sísmico”.
El proyecto del plan toma como base antecedentes de las experiencias en EEUU, y también las de San Juan y el resto del país, muchas de ellas plasmadas en la Ley 19616 y conexas, referidas a la Política Nacional de Prevención Sísmica. También se ha tenido en cuenta lo actuado por los poderes Ejecutivo y Legislativo de EEUU como base de las acciones a seguir en la provincia.
Para reducir el peligro sísmico toma en cuenta todo lo que se conoce respecto a la amenaza de terremotos, el comportamiento humano, la conducción y planeamiento, la cooperación nacional e internacional y la sugerencia de acciones.
En tanto para la implementación del propio plan se tiene en cuenta la prevención y el planeamiento para reducir los peligros sísmicos, al igual que establecer los problemas principales y las soluciones alternativas, como los programas de construcción, mediante sistemas reglamentarios nacionales de seguridad en las construcciones, la actualización de estándares y del Código de Edificación de San Juan.
También se considera el aspecto financiero, contemplando los problemas generados por un terremoto destructivo, entre ellos la devaluación de los préstamos hipotecarios, problemas de seguros, seguro contra terremotos e incentivos financieros gubernamentales.
Respecto del uso del suelo, el plan propone analizar el rol nacional, provincial, municipal y del sector privado.
Con relación a la comunicación y la educación se contempla la difusión del conocimiento de peligros sísmicos, formas de facilitar su utilización y los sistemas disponibles para la transferencia de información.
También contempla los roles del gobierno, en sus funciones federales, provinciales y municipales, y la evaluación de los niveles de riesgo aceptables. De la misma forma considera los roles de organizaciones voluntarias, no gubernamentales, colegios profesionales y grupos de interés.
Dentro de la tarea para llegar a contar con una ley de reducción de peligros sísmicos, basada en un proyecto de ley provincial se señala en el plan que hay que considerar la sanción y promulgación dentro del ámbito Legislativo y Ejecutivo. En este sentido los temas a considerar para lograr una efectiva reducción del riesgo sísmico son, la falta de planificación de respuesta ante una contingencia; falta de política para uso inmediato después de un terremoto. También la falta de planeamiento para reducción de peligros, para la construcción después de un terremoto.
Otros aspectos que contempla el plan provincial incluye el análisis de las edificaciones existentes; las obras hidráulicas; incendios posteriores a los terremotos; medidas de precaución; desarrollo de criterios de diseños sismorresistente: mapa de riesgos; decisiones para instalaciones críticas; diseño sísmico y educación arquitectónica; impactos de incentivos financieros; falta de información adecuada para el uso del suelo; falta de entendimiento de los peligros sísmicos y defectos en su aplicación al planeamiento físico y de uso del suelo; falta de entrenamiento o experiencia por parte de los planificadores en el uso de la información de los peligros sísmicos; perfeccionamiento de la información pública y el apoyo del Gobierno nacional (Inpres) y participación de los municipios en la política de prevención sísmica del Gobierno de la provincia.
También figura el desarrollo de un programa de evaluación sobre difusión de información técnica; entrenamiento de personal médico de emergencia; asistencia sanitaria de emergencia y cooperación internacional, con el apoyo del gobierno nacional.