El juez de Menores Carlos Guido Ramírez resolvió ayer pedir al juez de Familia de Salta, Marcelo Albeza, que restituya a la Justicia de Menores sanjuanina a Teo Benjamín Gutiérrez, el bebé de 7 meses que la empleada judicial Sofía Muñoz y su marido comerciante Sebastián Mercado pretenden adoptar, dijeron fuentes judiciales.

Los tres convivieron en su casa del barrio Los Tamarindos, Chimbas, hasta el 11 de julio pasado, cuando un juez penal de Salta mandó a la Policía de esa provincia a detener al matrimonio y llevarse a la criatura por los dichos de la madre biológica del bebé, una chica de 15 años con problemas de drogadicción. La adolescente fue sorprendida por la Policía con un celular robado y entonces habló de una supuesta venta de su niño por parte de sus padres en 1.000 pesos y el equivalente a 20 cerdos en diciembre pasado, hecho desmentido de plano por las familias Muñoz y Mercado.

La petición de Ramírez (subrogó hasta ayer a la juez del caso Estela Zorrilla de Rico), fue consecuencia directa del pedido de la fiscal Silvina Gerarduzzi quien consideró que la única juez competente para decidir sobre el destino del menor es Zorrilla de Rico, pues allí se inició el trámite de adopción del niño y hasta ahora ninguna parte interesada cuestionó su intervención, precisaron las fuentes. Es más, en el expediente consta un informe psicológico de la madre biológica y el consentimiento que dio, igual que sus padres, para dar al chico en adopción, dijeron.

El planteo de la Justicia local será analizado por la Justicia salteña con dos consecuencias posibles: la aceptación del pedido y el envío del bebé a San Juan, o el rechazo. Esta última opción obligaría a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decida qué juez debe intervenir y ejercer la custodia del bebé hasta definir si quedará o no con la pareja sanjuanina.

Mercado y Muñoz pasaron 7 días presos en Salta y aún no pueden ver al bebé. El único al que le fijaron un régimen de visitas es a Lucas, hermano de Sebastián, quien pudo verlo el viernes y sábado pasados. El matrimonio ya fue indagado por suposición de estado civil, algo criticado por ‘injusto’ por los investigados porque el niño, en su DNI, aún tiene el nombre que le puso su madre biológica.