La nieta del exgobernador Eloy Camus, Margarita Camus, quien además fue abogada querellante en el megajuicio de lesa humanidad que se llevó adelante en San Juan, pidió que también se lo investigue a Carlos Horacio Tragant por los delitos cometidos en la provincia en los días posteriores al golpe militar. El militar fue quien destituyó al Gobierno constitucional de San Juan de don Eloy y fue el primer interventor a partir del 24 de marzo de 1976, pero todavía no tiene ninguna imputación por esas funciones, según confirmaron fuentes judiciales locales.

Margarita Camus, que es también jueza de Ejecución Penal, dijo que va a solicitar que se determine la responsabilidad de Tragant no sólo por delitos de homicidios agravados, privaciones de libertad agravadas, tormentos agravados y ataques sexuales como los que le han atribuido en Mendoza, donde enfrentará un juicio oral y público a partir del 17 de febrero, sino que también planteará ante la Justicia que se lo indague por delitos similares en la provincia y por haberse levantado contra el orden constitucional, una falta grave prevista en la Carta Magna nacional. “En la Constitución Nacional hay figuras como la traición, la rebelión o la sedición, y me parece que es un eje en el que también habría que avanzar. Además, en el megajuicio quedó probado que el primer centro clandestino de detención en la provincia funcionó en la vieja Legislatura y por eso consideramos que Tragant debe también tener responsabilidad en esos hechos”, dijo la jueza Camus. Y se mostró dispuesta a hacer el planteo ante la Justicia Federal para que se lo investigue.

Tragant, ahora de 85 años, fue director del Liceo Militar Espejo de Mendoza, donde funcionó un centro clandestino de detención en los meses posteriores al golpe militar. Y por disposición del Tribunal Oral Federal Nro 1 de esa provincia, se fijó fecha de debate para el proceso más grande que se celebrará en Cuyo hasta ahora, porque se juzgará a 41 policías, militares y funcionarios judiciales por crímenes contra 207 víctimas del terrorismo de Estado.

Pero en San Juan, como primer interventor militar, puesto en el que estuvo durante un mes y 4 días, fue el encargado de mandar a arrestar a los que habían sido funcionarios del Gobierno local, entre ellos el actual gobernador José Luis Gioja, y de civiles acusados de actividades subversivas. También hay sospechas de que dispuso que se habilitaran centros de detención, tortura y muerte, que funcionaron en el Penal de Chimbas, la vieja Legislatura, la central de Policía, el RIM 22 y en La Marquesita, en Marquesado (ver aparte).

Sobre el tema de la vieja Legislatura, la jueza Camus dijo que no hay dudas de que allí funcionó el primer centro de detención clandestino en la provincia. “Muchos testigos mencionaron que pasaron por allí incluso militares que estuvieron de custodia”, dijo Camus. Y sobre la necesidad de castigar a los que se levantan contra el orden constitucional justificó la necesidad de juzgarlos diciendo que “si no parecería como que estamos legitimando los golpes de Estado”.

El artículo número 6 de la Carta Magna nacional señala que “el Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición”.

Según fuentes judiciales, en el país no hay antecedentes de militares acusados de haberse levantado en armas contra el orden constitucional. El problema sería analizar si esos delitos no están ya prescriptos.