Por la causa judicial del terreno de 5 hectáreas ubicado en el distrito albardonero de La Cañada, que el municipio escrituró a su nombre y construyó un barrio de 70 viviendas que está próximo a entregar y que reclama un particular que sostiene que es su dueño, ingresó un pedido para que se cite a declaración indagatoria a 4 funcionarios municipales, entre ellos la intendenta Cristina López de Abarca. Los otros citados son la secretaria de Gobierno, Mariela Gutiérrez; el secretario de Planeamiento y Obras, Carlos Rodríguez, y el asesor letrado, Raúl Martín.

Es por una denuncia por defraudación, estafa y usurpación que se tramita en el Tercer Juzgado de Instrucción, a cargo del juez Guillermo Adarvez. Son todos delitos excarcelables y por lo tanto, aún cuando alguien fuera encontrado culpable, no irá a la cárcel. El juez tiene que decidir ahora, en base al dictamen del fiscal, si corresponde o no avanzar con el pedido que realizó el abogado del denunciante, dijeron ayer fuentes judiciales.

El que reclama la propiedad del terreno bajo la figura de la posesión veinteñal es Héctor Rodríguez, quien por años fue primero vocero de la ex Sasetru y después de Dilexis, a cargo de la fábrica de galletitas ubicada en aquel departamento.

Rodríguez sostiene que desde 1977, por pedido en aquel entonces de Sasetru, estuvo a cargo del cuidado, la limpieza, y de que no ingresaran intrusos al predio. Y como después el terreno no entró en la quiebra, no pasó a manos de Dilexis, que adquirió la fábrica en una subasta. Por eso sostiene que él ejerció actos posesorios y que por eso el lugar le pertenece porque hasta puso dinero de su bolsillo para el mantenimiento.

Pero en el medio, la Municipalidad de Albardón, en diciembre del 2008, escrituró el terreno a su nombre invocado la prescripción adquisitiva de la Ley 24320 con el argumento de que era un terreno que no tenía dueño y que la comuna lo necesitaba para solucionar el problema de viviendas de la población.

Para hacer la escritura, las autoridades municipales se basaron en un acta de constatación policial en la que 20 testigos afirmaron que habían estado viviendo en el terreno. Pero según la presentación judicial de Rodríguez, el acta no tiene sello, firma ni identificación del funcionario policial que la suscribió. Y por lo tanto la escritura que realizó el municipio en base al acta sería falsa, según el denunciante.

Por eso el planteo es para pedir la nulidad de la escritura y el llamado a indagatoria de los funcionarios municipales para que respondan por esos actos. Por el pedido, que formalmente ingresó al juzgado el martes, corresponde que el juez Adarvez

le corra vista al fiscal, que es Carlos Rodríguez. Según fuentes judiciales, el fiscal deberá ahora dictaminar si corresponde o no la solicitud de indagatoria si hubiera duda sobre la validez de la escritura.

Pero si se determinara que el instrumento es válido sólo quedará el archivo de la denuncia porque no corresponderán los otros pedidos. Para el caso en que la Justicia le diera la razón a Rodríguez, como ya hay un barrio construido en el terreno, el camino que quedaría sería el de un resarcimiento económico partiendo de un cálculo del valor del terreno.