Como lo habían prometido, los abogados Alberto Bustos y Eduardo Cáceres presentaron ayer un pedido de destitución contra la Corte de Justicia y el fiscal General por los recientes nombramientos a dedo. Lo hicieron con un condimento extra que es inédito: recusaron al diputado justicialista Julio Coll, porque tiene una sobrina en la lista de personal designado y su participación en el proceso de juicio político no sería imparcial. El legislador es nada menos que el presidente de la comisión que debe investigar a los cortistas y en su bloque ya dieron a entender que no se apartará.
La presentación de los abogados está dirigida a los cortistas Adolfo Caballero, Juan Carlos Caballero Vidal, Humberto Medina Palá y Abel Soria Vega; al fiscal Eduardo Quattropani; y al juez de cámara Juan Carlos Peluc. Le endilgan haber incumplido sus deberes, por firmar una Acordada que viola la Constitución. Fue la que dispuso designar sin concurso a 39 personas en el Poder Judicial, con el plus de que la mayoría son parientes de ellos mismos o de otros funcionarios.
Más allá de la artillería para la cúpula judicial, la cuestión pinta para derivar en otra polémica. En este caso, por el rol de Coll, que además de encabezar la comisión investigadora de juicio político, preside la Sala que resolverá archivar el asunto o acusar a los denunciados.
Cáceres y Bustos sostienen que el justicialista se debe apartar del procedimiento. "Una sobrina de él fue designada por la Corte y eso lo condiciona para actuar con imparcialidad", fundamento Bustos. Además, afirmó que "si bien no hay nada que legisle sobre la recusación en un juicio político, se aplica el principio jurídico que dice que una persona no puede ser juez y parte al mismo tiempo".
Coll aseguró que no conoce todavía el planteo y evitó comentarios. Sin embargo, en su bloque señalaron que es imposible que se excuse, porque "materialmente no se puede". Explicaron que el diputado fue elegido por el voto popular, que no se lo puede cambiar ni reemplazar para un juicio político y no puede eludir la responsabilidad de intervenir.
En las bancadas minoritarias hay opiniones repartidas. El bloquista Edgardo Sancassani opinó que "para dar transparencia y llevarle tranquilidad a la sociedad, debería apartarse de la causa". La presidenta del bloque basualdista, Lucía Sánchez, sostuvo que "no hay legislación que lo obligue a inhibirse". Mientras que en bloque Movimiento Obrero, Enrique Castro consideró: "no creo que deba separarse, él no ha intercedido en la designación de su sobrina, su hermana lleva 30 años trabajando en el Poder Judicial".
Coll estuvo al frente de la investigación en los anteriores siete juicios políticos contra la Corte, que terminaron archivados. Después de eso, su hijo fue nombrado por el máximo tribunal en el lote de los que ingresaron a Tribunales sin concurso y como ordenanza, cuando en realidad cumplen tareas administrativas.
El pedido de remoción de la cúpula judicial ya causó revuelo. Apenas ingresó a la Legislatura, Quattropani fue el único que habló con la prensa y fue para apuntarle a Bustos, que no se quedó atrás (Ver aparte). La Corte eligió el camino opuesto y mantuvo su política de resguardarse en el silencio. Adolfo Caballero atendió a este diario, pero dijo que hasta que no los notifiquen de la denuncia, no harán declaraciones.
Ahora viene un largo proceso. Cuando tomen conocimiento oficialmente, los integrantes de la Sala Acusadora de juicio político deben llamar a los abogados a ratificar la denuncia. Luego se constituye la Comisión Investigadora, que tiene 40 días para emitir uno o más dictámenes que sugieran acusar o no, a los funcionarios judiciales, para después ponerlo/s a consideración de la Sala Acusadora.