La pieza clave del complejo rompecabezas sobre la escandalosa sustracción de 8 armas en el Primer Juzgado de Instrucción denunciada al comenzar octubre, la aportó un informante. Y fueron los policías de Seguridad Personal de la Brigada de Investigaciones, los que constataron el dato: el particular botín -era la versión- podía estar en manos de un miembro de la cuadrilla de pintores contratados para pintar esa sede judicial. La primera parte de la investigación confirmó ese dato: un joven de apellido Castro, de 22 años y sin antecedentes, fue apresado por los pesquisas al mando del comisario Rodolfo Andrada por orden del juez de Instrucción Pablo Flores, porque en su poder tenía una pistola calibre 3.80 y 25 cartuchos de igual calibre sustraídos del juzgado, dijeron fuentes del caso.
En Seguridad Personal se negaron a aportar datos del hecho, pero otras fuentes ligadas a la investigación dijeron que los policías de esa sección realizaron dos allanamientos en Rawson (uno en casa del sospechoso) y otros tres en Rivadavia. Y que en uno de estos últimos domicilios secuestraron cartuchos 9 mm como los denunciados por el titular del Primer Juzgado de Instrucción Alberto Benito Ortiz.
Castro fue apresado el viernes pasado en la mañana, pero ayer fue liberado sin ser indagado, precisaron las fuentes. Al parecer, el juez Flores tendría pensado apartarse de la investigación por considerar que el delito en cuestión es un hurto simple y debe ser investigado por un juzgado en lo Correccional, en este caso el dirigido por la juez Mónica Lucero, indicaron.
La identificación de Castro como sospechoso, sirvió para descartar que la sustracción de las armas hubiera ocurrido en lo últimos días de septiembre y por una ventana corrediza rota de cristal de atención al público (ya cambiada por otra fija) como se pensaba. La cuadrilla de pintores que Castro integraba, había sido contratada por un arquitecto del Poder Judicial, para pintar durante la feria judicial, es decir en julio pasado. Y el hurto fue posible porque las armas estaban en tres oficinas de instructores, a la vista, sin ninguna seguridad.
El hallazgo de una de las pistolas denunciadas (hay dos de policías ligados a exacciones ilegales) implica también que el caso sigue abierto, pues la intención de los investigadores es poder encontrarlas a todas.
