El gobierno de Santa Cruz envió ayer un proyecto para reformar el sistema jubilatorio provincial que busca cubrir el "desequilibrio financiero que compromete seriamente las prestaciones a futuro", propuesta rechazada por los gremios estatales, que anunciaron una huelga para el 25 de noviembre.

El gobernador Daniel Peralta ya sobrepasó la disputa con la corte suprema a fines de septiembre pasado cuando pedían la intervención de la provincia y ahora debe enfrentar a los gremialistas por el nuevo proyecto sobre las jubilaciones. La iniciativa tomó estado parlamentario y busca modificar la ley provincial 1.782 del sistema previsional provincial, ya que "algunas características propias del sistema han provocado un desequilibrio financiero que compromete seriamente las prestaciones a futuro". Los gremios estatales ATE, docentes de Adosac, legislativos de APEL y Judiciales expresaron que el 25 de noviembre realizarán un paro y movilización en Río Gallegos, en rechazo de la reforma.

Las modificaciones que promueve el oficialismo recaen en la cantidad de años de aportes genuinos, que pasaría de 20 a 25 años para que quien se jubile pueda obtener el 82% móvil. A quien no alcance ese mínimo requerido de aportes en la caja santacruceña se le disminuirá un punto porcentual por cada año, por lo cual si tiene 20 años de aporte percibirá un 77%.

Los aportes personales para el régimen general subirán del 12 al 14%, mientras los aportes patronales se incrementan del 14 al 16%, con la salvedad de que en el caso docente hoy son del 5,5%.

La liquidación del haber jubilatorio inicial también se modificará: hoy se computa en base al mejor salario anual de los últimos 10 años, mientras el cambio prevé que será computado por un promedio de los últimos 5 años o de los 10 de aportes en la carrera laboral del trabajador. Además, establece un "aporte solidario en pasividad" que se extenderá hasta los 60 años para la mujer y los 65 para el hombre en las siguientes escalas: cuando perciba entre 3 y 4 y medio haberes mínimos deberá aportar un 7% de su haber jubilatorio, de 4,5 a 6 haberes mínimos un 10%; y si es superior a 6 haberes mínimos será del 12%. La caja jubilatoria provincial proyecta que al 2014 habrá 24 mil beneficiarios y que el déficit previsional alcanzará 1.200 millones de pesos. Hoy, parte de ese déficit es cubierto por aportes de la Anses en el presupuesto provincial. Se estima esa proyección ya que gran parte de los trabajadores públicos que ingresaron durante los primeros años de la democracia se acogerán a la jubilación entre 2012 y 2014.

Peralta argumentó que "los cambios o modificaciones planteados no provocarán resultados automáticos, pero resultan imprescindibles para la materialización y conclusión de la reforma en marcha". Desde el oficialismo pretenden que el proyecto sea aprobado antes de fin de año, pese al rechazo de los legisladores de la UCR y Encuentro Ciudadano.

En el proyecto, el gobierno sostiene que mantendrá "un sistema solidario, de reparto y contributivo" que asegurará el "82% móvil, la intransferibilidad de la Caja de Previsión a la órbita nacional y no modificar la edad jubilatoria".

Por otra parte los diputados sureños, utilizando un recurso constitucional que así lo establece, extenderán el período ordinario de sesiones hasta el 20 de diciembre, para lograr sancionar las leyes de Reforma Previsional y Presupuesto antes de que termine el año.