La versión local del Plan Nacional de Derechos Humanos fue presentada recientemente a través de un libro cuidadosamente estructurado. El trabajo comienza con una referencia a la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, que establece los principios de igualdad y dignidad "que fundan la construcción de la condición misma de las personas como sujetos de derechos en democracia”. Federico Hugo Zalazar, ex diputado y primer subsecretario de Derechos Humanos y Lucha contra la Discriminación de la provincia, expresa en el prólogo que la elaboración y desarrollo del citado Plan "nos permitió desmitificar el concepto que la sociedad en su conjunto tenía de los Derechos Humanos, es decir que sólo se ocupaba de ciertos temas producidos por las violaciones aberrantes que se sucedieron cuando no teníamos Estado de Derecho”. Junto a un calificado equipo de profesionales e investigadores, algunos de los cuales, como Zalazar, padecieron persecución, torturas y privación ilegítima de la libertad bajo la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976, se logró implementar el programa entre el gobierno provincial y la sociedad civil. Así, se produjo una labor de relevamiento, sistematización de la información, propuestas, etc. a partir de los trabajos ordenados por el decreto nacional 696/2010 durante la Reunión Regional Zona Cuyo. Además de varios otros organismos oficiales e instituciones, la Legislatura Provincial apoyó decididamente este trabajo, destacando el papel de la diputada Rosalía Garro, no sólo por ser una apasionada investigadora de este tema, sino porque también engrosa la lista de secuestrados y torturados en la última dictadura. A su vez, las denominadas Mesas de Diálogo con 80 representantes de distintos sectores locales, produjeron documentos de "compromiso efectivo” sobre la situación local en materia de Derechos Humanos que fueron enviados al organismo nacional. No sólo se observó el "Derecho a la Vida e Integridad Física”, sino también los problemas actuales de inseguridad y las poblaciones o grupos afectados, inclusión social, adolescentes y jóvenes, pueblos originarios, educación, salud, alimentación, medio ambiente y libertad de expresión. Zalazar, principal responsable de estas iniciativas y coordinador de toda la labor realizada, considera que ha quedado trazado un compromiso formal para establecer recomendaciones en San Juan "tendientes a superar el déficit visualizado en materia de Derechos Humanos”.
