Un proyecto de ley que fija una indemnización para las víctimas de las explosiones de 1995 en la fábrica militar de Río Tercero fue presentado por diputados del bloque del Frente para la Victoria (FpV), cuyo titular, Agustín Rossi, aseguró que ‘tendrá prioridad‘ en la agenda parlamentaria del 2013.
La iniciativa, de autoría del legislador Eduardo De Pedro, reflota un proyecto impulsado en el 2009 por la presidenta Cristina Fernández, pero que no llegó a ser tratado en el recinto, dominado en aquel año por la mayoría opositora aglutinada en el extinto Grupo A.
Rossi, quien destacó que el proyecto busca ‘reparar injusticias en las que el Estado estuvo incurriendo‘, recibió el miércoles pasado junto a De Pedro y otros diputados del FpV a una delegación de la Comisión de Damnificados de Río Tercero, acompañados por Mario Ponce, el abogado en la causa abierta por las explosiones del 3 y el 24 de noviembre de 1995, que aún no tiene responsables. En el primero de los estallidos murieron 7 personas y otras miles resultaron heridas, en tanto gran parte de Río Tercero quedó destruida.
La justicia, que con demora elevó la investigación por tercera vez a juicio oral, investiga el vínculo entre las explosiones y una maniobra para ocultar pruebas de la venta ilegal de armas de Argentina a Ecuador y Croacia, amparada entre 1991 y 1995 por el gobierno de Carlos Menem, a quien se le dictó falta de mérito.
Según el proyecto, los herederos de los 7 fallecidos tendrán derecho a percibir una indemnización ‘equivalente a la remuneración mensual de los agentes Nivel A, grado 0, del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional‘. Y se estipulan indemnizaciones para quienes sufrieron lesiones gravísimas (que fija un monto un 30% menor a la anterior) y lesiones graves (un 40% menos). También podrán obtener un resarcimiento quienes demandaron al Estado por la ‘reparación de daño moral y/o psíquico‘.