–SEGUNDA NOTA–
Pese a que a nivel nacional existe la Ley 19616 que establece la Política Nacional de Prevención Sísmica, haciendo responsable de su ejecución y actualización al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; a la Secretaría de Obras Públicas de la Nación y al Inpres (Instituto Nacional de Prevención Sísmica), es un hecho que hasta ahora en ninguna de las provincias con peligro sísmico de Argentina se ha avanzado significativamente en este aspecto. Solo San Juan se destaca entre ese conjunto de provincias por haber demostrado cierto progreso -aunque no en forma determinante- en una política de previsiones sismorresistentes que le ha permitido a la ciudad Capital, reconstruida en base a normas sismorresistentes y rigurosos controles en obras, sortear sin mayores inconvenientes los efectos de los terremotos de junio de 1952 y noviembre de 1977.
Podemos decir que San Juan es la provincia argentina que más posibilidades ofrece de encarar, mediante una política de Estado, la implementación de acciones de gobierno para reducir los riesgos de vida y propiedad provocados por futuros terremotos.
La propuesta de una "Política Provincial de Prevención Sísmica” elaborada por la Delegación San Juan de la Cámara Argentina de la Construcción en conjunto con seis organismos más, señala que para hacer posible el objetivo de contar con una política de Estado en este sentido se tendría que lograr en los poderes Legislativo y Ejecutivo, una serie de acciones como la sanción y promulgación de una "Ley de Reducción de Riesgos Sísmicos”, con la que se tendría que alcanzar el establecimiento y mantenimiento de un programa efectivo denominado "Plan de Contingencia Sísmica”.
El referido plan debe contemplar las siguientes acciones ante posibles terremotos: Mejores decisiones por parte de los gobiernos provincial y municipales referidas al uso racional del terreno. Establecimiento y promulgación de los los códigos de edificación y standares de construcción. Reducción de pérdidas por terremotos en la construcción financiada por el gobierno y por medio de préstamos. Trazar programas de una eventual reconstrucción, incluido el tema seguros y planes de educación, comunicación e información pública.
Por parte el Poder Ejecutivo, el "Plan de Contingencia Sísmica” debería especificar los roles a cumplir por las reparticiones provinciales involucradas -entre las que se destacan la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia- las que deberán reunir los siguiente objetivos: Otorgar a las construcciones existentes y futuras, una adecuada capacidad para resistir los efectos de los terremotos. Racionalizar y restringir el uso del suelo para evitar daños directos provocados por terremotos, como aquellos derivados de una eventual cadena de desastres productos del sismo. Implementar medidas de carácter económico y financiero para reducir el impacto de las medidas adoptadas y facilitar las tareas de rehabilitación y reconstrucción.
El mismo informe se encarga más delante de aclarar que todas estas actividades no son de fácil materialización y se enfrentan a problemas tales como determinar que la principal amenaza de la vida humana reside en la inadecuada seguridad de edificios, obras e instalaciones existentes. Es una realidad que la mayoría de las construcciones de hace un tiempo, no darían respuestas satisfactoria a una verificación estructural realizada en base a los actuales requerimientos del diseño sismorresistente.
Otra limitación está dada por la resistencia a aceptar, por parte de proyectistas, constructores y público en general, la introducción en los códigos y reglamentos de construcciones, de modernos criterios de diseño surgidos del adelanto tecnológico actual, basándose en que tales criterios pueden provocar un aumento en el costo de construcción.
Se tropieza además con el desconocimiento o falta de experiencia de políticos, funcionarios y planificadores del medio físico en el uso de información de riesgo sísmico.
No obstante, la mayor cantidad de limitaciones relacionadas con la seguridad sísmica está en los aspectos económicos y financieros. A pesar que el impacto de los terremotos afecta por igual a todos los sectores de la nación, y que el logro de un medio ambiente seguro es una responsabilidad compartida entre el sector privado y el sector público, es éste último el que mediante una adecuada planificación integral de prevención y contingencia sísmica, debe arbitrar las medidas necesarias de carácter financiero con órdenes de prioridad en relación a la realidad económica nacional o provincial.
En una tercera nota vinculada a la prevención sísmica abordaremos dos aspectos de fundamental importancia como son la necesidad de incluir en el ámbito escolar programas de educación para la prevención sísmica y revitalizar la Dirección Provincial de Defensa Civil.