Veintiún agentes de policía deberán someterse a un régimen de trabajo comunitario durante un año sin percibir remuneración alguna, y a su vez devolver el dinero que supuestamente cobraron en forma ilegal de los Planes Jefes de Hogar. Así lo resolvió el Tribunal Federal de la provincia que les concedió la suspensión de juicio a prueba, llamada también probation, a todos estos policías que fueron procesados en una causa iniciada en el 2003 por fraude a la administración pública. Se los acusa de haber percibido la ayuda social durante 6 meses, siendo que cobraban como miembros de la fuerza de seguridad. Todo ellos actualmente están separados de sus funciones.
La resolución fue firmada en los últimos días por los jueces federales Juan Turcumán, Hugo Echegaray y Carlos Parra. Aún no está firme. La fiscal Susana Kelly, en su momento, se opuso a otorgar la probation a los imputados y ahora podría pedir la revisión del fallo. Además de los 21 agentes que -por ahora- lograron frenar el juicio; hay un policía más que hizo la presentación para pedir el mismo beneficio y otros 7 que decidieron esperar el juicio.
En total son 29 los agentes -7 mujeres- de la policía local involucrados en este escándalo que saltó en el 2003 por una denuncia de la Anses. De acuerdo a la causa, estas personas hicieron el curso de ingreso a la Policía en el 2001, pero una vez finalizado no entraron en funciones a raíz de que no firmaban sus nombramientos. Fue así que quedaron a la espera. A principio del 2002, en plena crisis del país, salieron los Planes Jefes de Hogar y entonces estos aspirantes a agentes se inscribieron -cada uno por su lado- para recibir la ayuda social. No tenían impedimentos, eran desocupados. Algunos comenzaron a percibir los 150 pesos mensuales en abril, otros en mayo y junio, según el expediente. Paralelamente, en junio de ese año salieron sus nombramientos y empezaron a trabajar como policías.
El problema aparentemente se originó porque ninguno pidió la baja de los planes y siguió cobrando los 150 pesos, simultáneamente al sueldo de policías. En la causa se señaló que, en promedio, percibieron ilegalmente la ayuda social entre julio del 2002 a enero del 2003. En base a esto surgió la denuncia de la Anses y la investigación del juez federal Leopoldo Rago Gallo por fraude a la administración pública, que tiene penas de 1 a 6 años de prisión. Los agentes siguieron trabajando, pero en septiembre del año pasado cuando los procesamientos -sin prisión preventiva- quedaron firmes, todos ellos fueron separados de sus funciones. En la actualidad, siguen en "pasiva" y cobran el 50 por ciento del sueldo.
En principio, todos estaban a la espera del juicio. Sin embargo, 21 de estos agentes solicitaron la probation para evitar su juzgamiento. El Tribunal Federal consideró que estaban en condiciones, dado que no tenían condenas y es un delito que, por su escala, es excarcelable. La fiscal se opuso al entender que el presunto delito fue cometido por los imputados en su condición de funcionarios públicos, y eso les impedía de acceder a la probation. Los jueces finalmente rechazaron ese planteo y concedieron la suspensión del juicio a prueba por un año a los 21 agentes. Como es la condición, también dispuso que cumplan algunas reglas de conductas, que realicen trabajos comunitarios gratuitos 4 horas a la semana -durante ese año- en una institución pública y que reparen el daño ocasionado, devolviendo el dinero que percibieron indebidamente. Las labores y el dinero a pagar serán fijado por el juez de Ejecución.