Todo indica que el narcotráfico ha crecido en este último tiempo en el país de modo vertiginoso. Es lo que se deduce de una encuesta de alcance nacional de 20.740 casos, que año tras año realiza el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

El 64,2 % de los habitantes de las villas afirmó que es visible la acción del narcotráfico en sus barrios. Representa un considerable aumento con relación al 48,5 % que en 2010 reconocía la existencia de vendedores de drogas en los asentamientos. La problemática vinculada con venta de estupefacientes y delitos conexos afecta en mayor proporción a los ciudadanos más humildes. En los núcleos residenciales de clase media, a diferencia de lo observado en los asentamientos, se mantuvo constante el porcentaje de personas que indicaron la presencia de narcos en sus barrios, casi sin diferencia entre el 21,8 % medido para 2011 y el 21,2 registrado en 2010. El informe indicó además que los ajustes de cuentas, liberación de zonas y crecimiento de robos relacionados con la necesidad de comprar drogas impulsan los temores en los asentamientos consignados en esta encuesta.

Lejos de los grandes carteles, en las villas se hacen fuertes los clanes familiares en una forma de operar que está en expansión. Por otra parte, las esperanzas de que el Plan Escudo Norte, un nuevo programa de radarización y control de tránsito aéreo lanzado en 2010, permitiera neutralizar aunque fuera en parte el ingreso de drogas, resultaron vanas, ya que las provincias norteñas de frontera, desde Salta y Jujuy hasta Misiones, siguen siendo una gran puerta de entrada para el narcotráfico, que en esos puntos, además, no vacila en mostrar sus códigos mafiosos a la hora de amenazar a quienes intenten investigar.

Todo esto muestra una causa: la ausencia del Estado para contener el continuo florecimiento de villas y asentamientos ilegales en todo el país, y evitar que esos lugares se conviertan en territorio narco. Los organismos encargados de implementar políticas de prevención del narcotráfico, elaboración de estadísticas y tratamientos de adictos, deben padecer sistemáticamente la falta de recursos de parte del Estado para concretar con éxito esas tareas. El estudio del Observatorio de la Deuda Social revela no solamente la falta de políticas contra el narcotráfico, sino la no presencia del Estado en los lugares más vulnerables.