El sábado, el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, calificó al escándalo de las expropiaciones como “el más grave de la provincia”, aseguró que el Poder Judicial está “bajo la lupa” y por elevación disparó contra algunos jueces que manejaron causas “llamativas”. El calibre de las declaraciones despertó ayer la reacción de dos de los magistrados señalados: Roberto Pagés, del Juzgado Civil Nº 4, y Carlos Macchi, del Juzgado Civil Nº 5, que lo cuestionaron en duros términos. Además, negaron enfáticamente haber apelado a medidas para inflar el precio de los terrenos expropiados.
Pagés, quien también se desempeña como presidente del Colegio de Magistrados de la provincia, dijo que el fiscal De Sanctis “no es juez de jueces” y precisó que “los jueces solamente pueden ser juzgados por el Jury de enjuiciamiento y por causales precisas”. Y agregó que el funcionario, con sus dichos, “está perjudicando la imagen del Poder Judicial”. Además le pidió al fiscal “ser serios por la credibilidad del sistema judicial”.
Macchi, que es la primera vez que habla después de que salió a la luz el caso expropiaciones, negó que existan irregularidades en la tramitación de las causas que estaban en su juzgado, dijo que sus fallos están avalados por la Cámara Civil y arremetió contra el funcionario, al sostener que “De Sanctis se quiere erigir en superior mío, jurídicamente hablando, pero debería analizar también a la Cámara de Apelaciones y no señalarme a mí solamente” (ver página 3).
En declaraciones en el programa “Insolentes”, de Radio Sarmiento, el fiscal De Sanctis había expresado el fin de semana que “el Poder Judicial está en la picota porque el poder administrador ve seriamente comprometidas sus finanzas”. Y mencionó que “hay dos o tres juzgados en los que hay hechos vinculados a estas irregularidades”. Entre esos juzgados mencionó los de Macchi y el que ocupó Pagés, además del Civil Nº 1, a cargo de Rosalba Marún de Sobelvio. Y ayer, en declaraciones en Radio Light, reiteró sus apreciaciones. “Lo sostengo aquí y donde el doctor Pagés quiera. Lo invito a una amable conversación”.
Pagés agregó que “el fiscal de Estado es parcial porque defiende una posición”.
En el Gobierno provincial sospechan que hubo una red delictiva de jueces, abogados, funcionarios y empleados para elevar los precios de los terrenos que se expropiaban con el objetivo de que el Estado terminara pagando cifras millonarias. Fue por eso que, por instrucciones del gobernador José Luis Gioja, el secretario General de la Gobernación, Walter Lima, presentó una denuncia penal pidiendo que se investiguen una serie de procesos cuestionados. En tanto, en la Fiscalía de Estado, sostienen que algunos de los valores fijados por los bienes expropiados “no eran razonables”.
Por ejemplo, en los expedientes civiles vinculados a la investigación judicial sobre el caso del Canal Playas, ahora conocido como Benavídez, surgió que por una pared medianera y una vereda le quisieron cobrar al Estado 8 millones de pesos y por una casa precaria cerca del millón de pesos.
En todos los casos, el abogado que inició los juicios fue Santiago Graffigna, quien será citado a indagatoria por la jueza María Inés Rosellot, del Quinto de Instrucción, que es la que está encargada de la investigación.
En el caso de Pagés, no es la primera vez que habla del tema. Cuando era fiscal de Estado Mario Díaz, el antecesor de De Sanctis, ya había apuntado a tres jueces del fuero civil sanjuanino, Pagés, Marún y Macchi, como los responsables, junto a Norberto Baistrocchi, ya fallecido, de haber ocasionado un perjuicio al patrimonio de la provincia. En esa oportunidad Pagés sostuvo que “no sé a qué causa se refiere, a qué error apunta”.