Los proyectos y construcciones de barrios, escuelas, centros de salud y comisarías ya no necesitarán del estudio y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para que puedan materializarse. La propuesta se gestó en el Ejecutivo y la Cámara de Diputados la convirtió ayer en ley, la cual elimina el requisito exclusivamente para ese tipo de obras con el objetivo de agilizar el trámite para dar una respuesta rápida a las necesidades de la población. Sin embargo, la iniciativa levantó polvareda, ya que la oposición sostuvo que se pierde un informe vital, ya que su elaboración determina, de manera previa, cómo una obra afecta el lugar en el que se realiza y los recaudos que se deben tomar para evitar efectos perjudiciales. Además, señalaron que es inconstitucional porque se viola el principio de igualdad dado que sólo el Estado quedó liberado de aprobar ese informe, mientras que un particular está obligado a conseguirlo.
La DIA la extiende la Secretaría de Ambiente luego de aprobar las obras estatales y privadas que tengan que ver con todo tipo de infraestructura y actividades industriales. En la práctica significa que el estudio de impacto ambiental no tiene objeciones técnicas ni de la comunidad, que se expresa en una audiencia pública, por lo que se habilita a ejecutar el emprendimiento. Es decir, para la construcción de un barrio, por ejemplo, se evalúa que no se haga cerca de fábricas o zonas en las que se está desarrollando cultivos o que los futuros habitantes tengan acceso a servicios como agua y cloacas.
José Soria, diputado del Frente para la Victoria, señaló que se excluyó el informe porque los requisitos “que exigen los municipios están prácticamente conceptualizados en todas las exigencias para la DIA”. En ese marco, explicó que para hacer una obra se debe presentar y aprobar la factibilidad del uso del suelo que da la Dirección de Planeamiento, a lo que agregó que “muchas comunas tienen una planificación estratégica del uso del suelo”, por lo que “si previamente han designado lo que va en cada lugar ya tienen en cuenta que no va a afectar el medio ambiente”.
En el recinto, la iniciativa fue aprobada con 20 votos del oficialismo, mientras que bloques opositores la rechazaron. Desde la oposición, Edgardo Sancassani explicó que Planeamiento define si el terreno es apto o no, pero que no hace un informe ambiental y que debido a esta ley, “no se va a saber qué impactos van a tener las obras en las zonas”. La basualdista Lucía Sánchez destacó que se está excluyendo al Estado “del estudio para prevenir cualquier situación que puede degradar el medio ambiente” y que se va a dejar de lado la facultad control. El ibarrista Miguel Martín Martín, al igual que sus 2 compañeros de banca, también remarcó que “el Estado debe dar el ejemplo y en este caso queda exceptuado de obtener la DIA, mientras que a un privado se le va a exigir”. Por eso, señalaron que la norma es desigual e inconstitucional.
El oficialista Hugo Díaz indicó en ese punto que “el Estado tiene el interés superior de brindar el bien común, mientras que un privado parte de un principio particular”. El legislador además resaltó que se pretende agilizar el trámite, ya que dijo que es el proceso para conseguir y aprobar la DIA “es largo y extenso”. Los 3 opositores remarcaron que si eso es así, es por la propia ineficiencia del Estado. La norma sancionada además incluye a las obras terminadas o en construcción que no hubieran obtenido la DIA.