La creciente actividad delictiva de extranjeros ha generado polémicas hasta en el propio Gobierno nacional sobre la forma de manejar este problema que se suma al clima de inseguridad. Según datos oficiales, el 20% de los delitos en la ciudad de Buenos Aires son cometidos por extranjeros, por lo que entre enero de 2010 y mayo de este año, se tramitaron 3016 expulsiones del país.
La legislación solo permite a la Dirección Nacional de Migraciones cancelar un permiso de residencia si el extranjero ha sido condenado judicialmente por un delito con privación de la libertad mayor a cinco años, o sea reiterante en la comisión del ilícito. Ante este panorama, voces de la oposición reclamaron endurecer la ley migratoria y respaldaron la propuesta del secretario de Seguridad, Sergio Berni, de contar con herramientas legales para que los delincuentes extranjeros vuelvan a sus lugares de origen ante la menor transgresión. El funcionario hizo el planteo frente a la actividad desplegada por narcos colombianos y la mafia china, pero le salió al cruce el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, descartando realizar cambios en la política migratoria.
De todas maneras, según una publicación del Boletín Oficial, se creó un espacio institucionalizado destinado a la participación incluyente, transparente y democrática de las organizaciones de la sociedad civil. La Mesa de diálogo migratorio busca que estos sectores contribuyen a identificar las dificultades, obstáculos y problemas en la aplicación de políticas públicas vinculadas a este nuevo perfil de la marginalidad. La Dirección General de Migraciones participará en las discusiones para encuadrarle en las leyes y en los tratados internacionales de derechos humanos.