Hay que ser categórico. Si Macri logra resolver definitivamente el problema de la deuda que el país mantiene con los jubilados, dará el mayor golpe de efecto político de toda su gestión. No puede tenerse en menos el haber concluido en plazo récord el problema de la deuda externa o el haber desactivado el bloque de medidas llamadas genéricamente ‘cepos a la economía‘. Pero eso, que ha sido bueno sobre todo por haberlo hecho apenas asumido, ha tenido luego la contraparte de los ajustes de tarifas cuya violencia ha disminuido ese original impacto positivo, dejando la situación en una especie de empate que se verifica en los puntos que exhiben en las encuestas tanto la figura presidencial como la gestión de gobierno. Por el contrario, el cierre de los abundantes litigios en trámite con la clase pasiva y el reconocimiento de los derechos hasta de los que no reclamaron, como dice el aviso de una tarjeta de crédito: ‘no tiene precio‘.

Para mejor, se advierte que la solución es, al menos en la primera apariencia, genuinamente financiable si es que se tiene éxito en el blanqueo de capitales o se admite la venta parcial de acciones que la Anses tiene dentro del Fondo de Garantía. Esto último, la venta de acciones, presenta una dificultad: la descapitalización parcial del Fondo, que es el que se formó cuando el Estado decidió volver al sistema de reparto y se apropió de la plata acumulada en las Administradoras privadas de Fondos de Pensión. No obstante, esa eventual venta tendría una lógica irrefutable, usar la plata de los jubilados para pagar a los jubilados (hasta parece ridículo decirlo) y no para otros fines como ha venido ocurriendo. Tener plata ‘ahorrada‘ por no haberla pagado a quien correspondía es algo que bordea la delincuencia. Es como si la provincia de San Juan, que posee un fondo anticíclico para atender las necesidades del Estado en un momento malo, se resistiera a utilizarlo en caso de necesidad. Para eso está y para eso fue creado. Mal ejemplo para todos que sea el propio Estado nacional el que se ufane de disponer de un capital que no le pertenece y que se niegue a pagar hasta a los que tienen sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia o que asigne cuotas anuales para hacerlo habiendo plata. Además el resultado sería bueno para la reactivación económica por vía del consumo porque es claro que los retirados tienen consumos reprimidos y saldrán a gastar esas decenas de miles de millones de pesos, volcados de golpe, para la compra de artículos de primera necesidad. El universo de pasivos es de por sí grande pero se expande a prácticamente todas las familias, porque en cada una hay uno o más beneficiarios que saldrán a festejar. Muchos nietos comenzarán a recibir regalos de los abuelos, lo cual es una de las satisfacciones más grandes de la última edad. Algunos ya están celebrando, pero es prematuro porque por ahora solo debemos hablar de una noticia a la que falta el cierre, que es la decisión legislativa. Pero, ¿quién tendrá estómago para oponerse? Desde el punto de vista político la medida deja muy descolocada a la oposición, a la cual resultará difícil tomar parte del crédito, sobre todo al FPV. Cristina nunca tuvo intención de meter mano en el asunto al punto que vetó una ley sancionada para restablecer el 82% móvil y, en una actitud que le reclamará la historia, extrajo dinero de la seguridad social para fondear proyectos difíciles de asociar con el sistema de previsión. Si bien volvemos a recordar que esto es incipiente y que resta conocer detalles como montos a pagar por devolución de malas liquidaciones o por reajustes de lo que se está cancelando mal, vale por lo menos especular respecto de cuál puede ser la escala del beneficio monetario concreto para nuestra provincia. Según recientes declaraciones de Rodolfo Colombo, titular local de Anses, el padrón en San Juan registra unos 90.000 beneficiarios pero, como se sabe, no todos serán destinatarios de los reintegros o correcciones porque ya vienen cobrando bien y deberán seguir con los ajustes periódicos de marzo y septiembre de cada año. Si mantenemos la proporción que se maneja en todo el país donde ya se sabe que hay que arreglar 2.200.000 casos, ese número representa cerca de un tercio del universo total de retirados. Repitiendo ese porcentaje en la provincia llegamos a unos 25.000 individuos, es decir, más o menos el 1% del total. Dentro de este grupo hay situaciones diferentes, por lo que, al menos en esta etapa, resultaría inconveniente arriesgar una cifra que se aproximara razonablemente a la que se pondrá en juego al momento del pago, pero quede claro que siempre estaremos hablando de mucho dinero. Una parte se volcará instantáneamente, la de los juicios, y otra, la de los reajustes, mes a mes pero para siempre. Es conveniente destacar que, tal como decíamos al principio, este no será dinero que perciba el gobierno sino que lo recibirán en sus bolsillos los jubilados e indirectamente el comercio y prestadores de servicios de todo tipo. Una inyección interesante que se sumará a la también atractiva bolsa que acumulará el Estado por devolución parcial del 15% que se detraía de la coparticipación con destino a la Anses. Volvemos a decir lo que tantas otras veces, sería importante el diseño de algún mecanismo local para monetizar más nuestra economía promoviendo una mayor circulación de la plata durante más días del mes en la provincia. No como ahora que, lo que se paga un día, al otro está en un supermercado, al siguiente en un banco y al tercero de regreso a Buenos Aires. Pero ese será un tema para otro momento. Por ahora, festejemos juntos que viene una para los jubilados.