La última sesión del Concejo Deliberante de Rivadavia desató otra disputa entre el oficialismo y la oposición. El cruce se generó por un proyecto que envió el Ejecutivo municipal, en el que estableció un aumento del monto para efectuar compras directas, el cual pasó de 70 mil a 120 mil pesos, es decir, un crecimiento del 71%. Sergio Miodowsky, concejal del Pro enrolado en el basualdismo, aseguró que al elevarse los valores, la comuna estará en condiciones de abarcar un amplio abanico de adquisiciones que no pasarán por el control del cuerpo deliberativo, como si sucedería con un llamado a licitación. Sin embargo, la edil Adriana Catraro, mano derecha de la intendenta Ana María López, tildó de falso el argumento al señalar que mensualmente el órgano deliberativo recibe los balances y agregó que las compras se harán con el cotejo de varios presupuestos.

A pesar de la discusión, los concejales oficialistas del Partido Popular Participativo, alineado con el Frente para la Victoria, impuso su mayoría con 6 votos contra los 4 del basualdismo, por lo que la ordenanza fue aprobada. No es la primera vez que los ediles mantienen encendidos cruces durante esta gestión. Uno de ellos fue en 2012 cuando la oposición criticó un proyecto del Ejecutivo municipal que impulsó la aplicación de un adicional para trabajadores que vinieran de la actividad privada e ingresaran a la planta política y vieran reducidos sus salarios.

La disputa por el monto de las compras directas que puede hacer un municipio no es nueva, ya que en Santa Lucía, en abril de 2012, se desató un cruce similar (ver recuadro). Es decir, el aumento de los valores suele ser rechazado por la oposición, mientras que el oficialismo argumenta que es una herramienta necesaria para desarrollar su gestión.

El concejal Miodowsky manifestó que a través de esa suba, los expedientes de los bienes y servicios que compre el municipio, a un mayor costo a partir de enero, no pasarán por el Concejo, por lo que “se pierde la función de control”, destacó. En ese sentido, expresó que eso no sucede con un llamado a licitación, ya que el cuerpo deliberativo toma conocimiento de ese proceso, el cual además se publica en el boletín oficial. A través de ese mecanismo, los oferentes exhiben distintos precios de un bien o servicio y en el que una comisión evalúa la calidad, los antecedentes y el valor más conveniente que presente una empresa. Bajo ese marco, los concejales pueden estar presentes en la apertura de sobres de las ofertas económicas, afirmó.

Por su parte, Catraro defendió la ordenanza y resaltó que los montos se van adecuando y que Rivadavia ahora tiene el mismo régimen que Santa Lucía y Capital. Puso como ejemplo que antes, un semáforo costaba 70 mil pesos y hoy sale 110 mil. “No vamos a llamar a licitación para comprar un semáforo”, remarcó y agregó que la idea es dar celeridad sin apartarse de lo legal. Así, hizo hincapié en que las compras directas (desde insumos de papel, una computadora y hasta el alquiler de un hidroelevador para tareas de mantenimiento de alumbrado) se harán bajo el cotejo de precios de al menos 3 presupuestos. Además, resaltó que cada adquisición atraviesa por todos los pasos legales. Por otro lado, señaló que “no es verdad” que el Concejo no reciba información del Ejecutivo ya que mensualmente reciben los balances en los que se detallan las compras y las imputaciones del gasto.