"Hay que ver qué sirve y si hay algo que no, modificarlo". Con esas palabras, el gobernador José Luis Gioja ayer abrió la puerta para retocar la denominada ley de compre minero sanjuanino.
La norma ha despertado malestar en el sector dado que exige un cupo del 75 por ciento de contratación de proveedores e insumos locales cuando en la práctica, según aseguran los empresarios, hay rubros que no se producen en la provincia.
También el mandatario no descartó que hasta tanto se revise la norma, podrían prorrogar el plazo para que los prestadores puedan inscribirse en el Registro Único de Proveedores Mineros (Rupem).
Este punto también ha desatado quejas de los prestadores, ya que la fecha para anotarse venció el 31 de marzo y muchos han quedado afuera del listado que los habilita justamente a ofrecer sus servicios a las empresas mineras.
Si no están en el registro, las compañías no pueden llegar al tope establecido en la norma para la rendición anual, por lo que se exponen a sanciones económicas. Sobre ese punto, Gioja dijo que "si hay que suspender su aplicación por unos días, no tenemos problemas en hacerlo".
La ley se sancionó en diciembre de 2013 y desde su gestación tuvo resistencia, a pesar de que su espíritu es favorecer a los proveedores locales.
El presidente de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé, sostuvo como ejemplo que "de lo que tengo que comprar, el 50 por ciento no se fabrica en San Juan, como combustibles, el cianuro, repuestos de máquinas importadas y otros rubros, por lo que no voy a poder cumplir con el cupo del 75 por ciento que se exige".