Cuando la sesión estaba terminando, el bloque oficialista introdujo el jueves en la Cámara de Diputados un proyecto de ley del Ejecutivo para su tratamiento sobre tablas, que luego fue aprobado por unanimidad, para eliminar el polémico seguro de supervivencia de los empleados públicos. Se trata del pago de 20 sueldos que el agente puede reclamar al momento de jubilarse, pero que históricamente no se ha podido abonar regularmente por falta de fondos. No obstante el cambio, lo que seguirá vigente es el seguro de vida, que permite que cuando el agente muere, los familiares percibirán 40 sueldos juntos.
El seguro de supervivencia, que regía desde 1987, existía nada más que en San Juan. Establecía que los trabajadores estatales podían pedir el pago de un monto equivalente a 20 sueldos al momento de retirarse del Estado para jubilarse. En la práctica era un adelanto del seguro de vida, que seguirá vigente. Para acceder a la ayuda, cada trabajador aporta el 4 % de sus salarios a la Caja Mutual, el organismo encargado de pagar los beneficios.
El argumento siempre ha sido que como los recursos del sistema no alcanzaban para hacer frente a todos los compromisos, los interesados en la práctica han terminado reclamando por la vía administrativa para finalizar en los estrados judiciales de la provincia.
En los fundamentos de la iniciativa se expresó que el beneficio previsto en la normativa era ‘inaplicable, impracticable e ineficaz a la hora de cumplir su cometido previsional‘.
No obstante que el beneficio ha sido derogado, el coordinador de la Caja Mutual, Hernán Benítez, dijo que como la ley no tiene efecto retroactivo, los que ya han realizado los reclamos para cobrar el seguro lo van a percibir. ‘Ya veremos cómo se les paga‘, dijo el funcionario. Pero a partir de la promulgación de la norma no admitirán nuevos pedidos.
En el organismo no tienen un cálculo del monto que habría que pagar por los planteos ingresados. Tampoco tienen plazos de cuándo y cómo serán abonados.
Un antecendente del cobro a través de acciones judiciales tuvo lugar en el 2009, cuando un grupo de 14 médicos, ya jubilados y casi todos mayores de 80 años, cobraron en total 968.000 pesos a través de una demanda civil.
Sin haber recurrido a los tribunales, según fuentes del organismo, sólo a una tanda de unos 3.000 agentes que iniciaron el trámite entre 1988 y 1989, se le pagó el 0,63 por ciento de los 20 sueldos. A los demás nunca se les dio un peso (ver aparte).
Por ese motivo, en repetidas oportunidades en distintas administraciones provinciales estudiaron la posibilidad de modificar la ley para derogar el seguro, porque consideraban que en la práctica era inaplicable. E incluso se manejaron varios borradores para modificar la normativa. Eso fue hasta ahora, cuando el Ejecutivo mandó el proyecto a la Cámara de Diputados, en la última sesión extraordinaria del año, para su tratamiento sobre tablas.
Al momento de fundamentar la iniciativa, el titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Javier Ruiz, dijo que no se quería seguir creando una falsa expectativa a los beneficiarios del seguro.