El presidente del Concejo Deliberante de Rivadavia, Ramón Molina, y el secretario General del municipio, Roberto Correa, fueron indagados por la Justicia Penal como presuntos autores de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario, y ahora esperan saber si serán procesados.

La causa contra los funcionarios se disparó por una denuncia que hizo la jueza de Faltas del departamento, Gladys Abelín, que los acusa de interferir en el cumplimiento de una medida de clausura dictada por ella misma contra una conocida parrillada. Es la misma magistrada que había pedido la destitución del intendente Elías Alvarez.

La causa recayó en el Juzgado Correccional Nº 3, empezó a rodar en julio y los funcionarios fueron indagados en agosto; pero el caso salió recién ayer a la luz. Los dos son justicialistas y hombres clave de la gestión municipal. Molina está al frente del cuerpo deliberativo y Correa es una especie de coordinador de Gabinete en el Ejecutivo comunal.

La historia comenzó cuando la jueza de Faltas del departamento, que es hermana del ex intendente Jorge Abelín y esposa del ex diputado Héctor William Tejada, ordenó clausurar en febrero de 2008 la parrillada de Juan Manuel Carcelero (es hermano de Gustavo Carcelero, ex concejal del partido de Ana María López en esta gestión, que renunció al cargo luego de sufrir un accidente) por no tener habilitación municipal.

Según la magistrada, en lugar de ordenar ejecutar la medida, Molina y Correa se arrogaron facultades que no tienen y no hicieron cumplir el castigo.

La imputación de la jueza se debe a que, según fuentes calificadas, Correa y Molina, este último a cargo del Ejecutivo en ese momento en reemplazo de Alvarez, firmaron en marzo de este año un acta acuerdo con Carcelero en la que dejan en suspenso la clausura por el término de 6 meses, plazo en el que debía tramitar la habilitación municipal.

Al considerar que no tiene facultades para ir en contra de una decisión de su Juzgado, Abelín denunció a los dos funcionarios por abuso de autoridad y no cumplir con sus deberes, delitos que contemplan penas que van de 2 meses a 2 años de prisión en el primer caso y de 15 días a un año de prisión en el segundo.

De todos modos, si son encontrados culpables no quedarían detenidos porque ambos delitos son excarcelables.
No es la primera vez que Abelín arremete contra funcionarios de la actual gestión de Rivadavia. La magistrada se enfrentó el año pasado duramente con el Intendente por la remoción del secretario de su Juzgado y hasta hizo una presentación para que lo removieran del cargo (ver Antecedente).

Luego de conseguir el beneficio de la eximición de prisión, Molina y Correa comparecieron ante la titular del Juzgado Correccional Nº 3, Mónica Lucero. Ahora, la magistrada tiene que decidir sobre la situación procesal de los funcionarios municipales: los puede procesar, en cuyo caso quedarían más complicados; sobreseer o dictar la falta de mérito.