El fiscal Ernesto Gabriel Lutens y el juez penal Eduardo Sebastián Cadelago Filippi (primera instancia de San Luis) rechazaron investigar el escandaloso caso de Carlos Alberto Brizuela. Este electricista de 46 años, pasó 3 años y 4 meses preso hasta que la Corte de Justicia local lo liberó, el 11 de septiembre de 2013, por entender que jamás los tribunales sanjuaninos debieron intervenir ni condenarlo (le dieron 16 años de cárcel) por violar y corromper a una de sus hijas y abusar (sin violar) y corromper a otra. Esa vez los ministros Carlos Eduardo Balaguer, Adolfo Caballero y Juan Carlos Caballero Vidal, sancionaron a cuatro jueces y dos fiscales cuando anularon todo a partir de la indagatoria de Brizuela (dejaron en pie la denuncia de la madre de las niñas y otros actos), por considerar que la Justicia provincial era incompetente para actuar, pues los hechos habían ocurrido en San Luis.
Sin embargo el caso sigue abierto, pues los funcionarios judiciales de San Luis entendieron que los fiscales Daniel Guillén Alonso (primera instancia) y Alicia Esquivel Puiggrós (de Cámara), y los magistrados María Inés Rosselot (ya jubilada) y sus pares Ernesto Kerman, Juan Carlos Peluc Noguera y José Atenágoras Vega (Sala II, Cámara Penal) actuaron sin apartarse de la ley.
El fiscal Lutens apoyó la posición de que el íter criminis (camino del delito) comenzó en San Juan con ‘el rapto y la sustracción’ de las niñas con fines sexuales: la madre dijo que Brizuela se las había llevado con la excusa de pasar las vacaciones.
Así consta en el fallo, al que este diario accedió, en el que el juez Cadelago Filippi fue más allá. Entendió que no se había violado ninguna norma jurídica pues consideró que al menos uno de los actos corruptores ocurrió en San Juan, cuando volvieron de San Luis y Brizuela le ofrecía dinero a una niña abusada para que volviera con él.
Y citó un fallo de la propia Corte Suprema para reforzar su decisión de rechazar la competencia en el caso. ‘El máximo tribunal expresó: corresponde otorgar al juez que previno, donde la menor es tutelada y se encuentra más avanzada la investigación, el conocimiento de los presuntos abusos sexuales cometidos en distintas jurisdicciones, pues esta solución es la que mejor contempla el interés superior del niño (…) toda vez que evita lo que sería una traumática reiteración de procedimientos idénticos en distintas sedes’.