La Argentina está recibiendo una fuerte presión internacional promovida por organismos de derechos humanos que han planteado en las Naciones Unidas lo que consideran como arbitraria a la detención de la dirigente social Milagro Sala, que está a disposición de la Justicia no por lo que piensa ideológicamente sino por los graves delitos que se le imputan.
 
Es decir, la titular de la agrupación Tupac Amaru no es "presa política” como alega Amnistía Internacional ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, que pide al presidente Mauricio Macri la liberación de la activista, sino por hechos de asociación ilícita, fraude, extorsión y amenazas, investigados en Jujuy.

Tampoco hay arbitrariedad por los supuestos fueros vulnerados por la condición de Sala como legisladora electa del Parlasur, ya que nunca juró el cargo y tal prerrogativa ya no existe.

El problema es la estrategia de la izquierda criolla para involucrar a los organismos internacionales -y particularmente a la ONU- en una cuestión supuestamente política. El punto de partida de las presiones fue la presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que preside Horacio Verbitsky buscando repercusión internacional, tergiversando la realidad. 

El organismo no hizo referencia a los casos por corrupción, malversación de fondos, extorsión, asociación ilícita, amenazas y haber montado un Estado paralelo en Jujuy desde donde comenzó a extenderse al resto del país. Obviamente, existen fundamentos legales para justificar su prisión preventiva. 

Amnistía Internacional se está moviendo en el exterior con la versión del CELS y la envió al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y al premier japonés, Shinzo Abe, las recientes visitas oficiales que recibió Macri. También la dirigió al primer ministro de Nueva Zelanda, John Key, que canceló su visita a la Argentina por el terremoto que sacudió a su país.

Evidentemente se trata de una campaña para desprestigiar al Gobierno nacional acusándolo de ordenar "detenciones políticas” y atropellos a las libertades y garantías constitucionales. 

Sorprende que los reclamos se planteen en la ONU y no en los tribunales internacionales que podrían hacer lugar a la demanda si realmente está consustanciada con el derecho.