La fría relación institucional entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno nacional da lugar a declaraciones de las máximas autoridades, en torno a las responsabilidades que les cabe sobre los problemas de seguridad y de administración de justicia, que tanto preocupan a la población.
Para la presidenta de la Nación, la morosidad judicial es una pesada carga que soporta la sociedad en la demanda de condenas ejemplarizadoras, pero el titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, ha remarcado que frente a los problemas que atraviesa el Poder Judicial "si no hay autonomía presupuestaria y todo lo importante en esa materia se decide en otro lado, los jueces estamos en problemas”. Lorenzetti afirmó, además, que "no hay previsibilidad de las reglas económicas y de las reglas en general”, lo cual causó malestar en la Casa Rosada.
En este contexto, la ministra de la Corte, Carmen Argibay, también manifestó sus quejas por los recortes presupuestarios y la falta de magistrados. En un debate realizado la semana pasada en Río Negro, precisó: "No sólo nos recortan el presupuesto, sino que estamos en déficit de jueces. No existe la cantidad necesaria, incluso de aquellos cargos que están creados”. Y agregó que ese déficit genera problemas de subrogancias e implican una doble tarea para muchos magistrados y funcionarios de la Justicia.
El fortalecimiento institucional que necesita nuestro país, particularmente en la división de los poderes del Estado, no puede estar condicionado por los recursos financieros que se distribuyen en un presupuesto general elaborado con premisas políticas y otorgando el manejo discrecional de distintas partidas a la Jefatura de Gabinete.