En la Subsecretaría de Trabajo hay en trámite un sumario administrativo que podría terminar en una multa contra el Sindicato Médico, que desde hace tiempo viene implementando un plan de lucha con paros periódicos en el sector público. Así lo aseguró la segunda autoridad del organismo, Roberto Correa Esbry, quien calculó que la sanción económica podría ascender a unos 50 mil pesos. La medida está en evaluación por “la obstrucción de la labor de administración de trabajo” y si se consuma, será inédita en San Juan.
Por su parte, ayer José Luis Gioja se reunió con el director nacional de Anses, Diego Bossio, para avanzar con uno de los puntos que reclama el gremio, la jubilación con el 82% móvil.
Según el Gobernador, Bossio explicó que no hay antecedente en el país de jubilación móvil del 82%, pero que sí está contemplada esta posibilidad para quienes trabajan en condiciones insalubres, por lo que se establecerá, vía declaratoria de la Subsecretaría de Trabajo local, los casos que encuadren en dicha característica.
Para la aplicación de la mencionada multa, la autoridad laboral se basa en el artículo 8 de la Ley 25.212 -bautizada como Pacto Federal del Trabajo-. Según explicó Correa Esbry, el sumario se inició a raíz de que el gremio que nuclea a los médicos, por el momento, no se ha sometido a la jurisdicción de la Subsecretaría de Trabajo.
El gremio reclama desde hace tiempo el pase a planta permanente de los contratados y la jubilación con el 82% móvil para todo el sector; y para endurecer su posición, hizo paros el 10, el 23 y el 24 de junio y en todos los casos, la medida fue declarada ilegal por la Subsecretaría. Además, viene amenazando con hacer huelga durante cinco días consecutivos, con la instalación de una carpa en un lugar a definir y ya anunció medidas de fuerza de 48 horas para jueves y viernes de la semana que viene.
Correa Esbry aseguró que una vez terminado el sumario administrativo, se le correrá vista al sindicato que encabeza Pedro Sanna, para que haga su descargo. Y si la respuesta no es satisfactoria, adelantó que se le aplicará una multa. En ese caso, el gremio deberá pagar el monto que le impongan. Y si no lo hace, el funcionario aseguró que la provincia le cobraría a través de una demanda que interpone la Fiscalía de Estado. En el Gobierno local consideran los paros injustificados.
En la provincia nunca se ha impuesto desde el Estado un castigo económico a un sindicato. El único antecedente de un sumario de las mismas características fue contra el combativo gremio docente UDAP, pero no terminó en una sanción económica porque se sometió a las disposiciones del organismo local.