Las irregularidades que Carlos Macchi cometió cuando estaba al frente del Juzgado Civil Nº 5 le costaron el puesto en diciembre de 2013 y, ahora, lo dejaron cerca de tener que enfrentar un juicio oral y público en sede Penal. El juez Benito Ortiz lo procesó ayer y le trabó un embargo de 35 millones de pesos, al entender que en cinco juicios de expropiaciones infló el valor de los terrenos que tenía que pagar la Provincia y convalidó anomalías con tal de favorecer al principal imputado del caso, Santiago Graffigna. El último y tres peritos tasadores que trabajaron para él también fueron procesados.

Ortiz le endilga a Macchi la comisión de los delitos de fraude contra la administración pública (dos hechos), tentativa de fraude contra (tres hechos) y asociación ilícita en carácter de partícipe. La primera calificación es por juicios en los que la Provincia pagó los montos que le había impuesto el exmagistrado, es decir que la estafa se consumó. La segunda es tentativa porque el Estado no alcanzó a desembolsar el dinero. Y la tercera de debe a que el magistrado entiende que integró la red de abogados, jueces y funcionarios que supuestamente se puso de acuerdo para sacarle plata de más al Estado.

La delicada situación en la que quedó Macchi deriva de su actuación como juez Civil Nº 5. El año pasado fue removido del cargo por haber cometido irregularidades en cinco juicios de expropiaciones que tuvo a su cargo y unos meses después, el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, lo denunció por esos mismos hechos en la llamada megacausa Penal.

Los procesos resueltos por Macchi son Canal Playa, Parque de Mayo, Ruiz Guillermo, Herrería y Ramón Anes, en los que Graffigna representó a los expropiados. Ortiz concluyó que en los mismos, el exmagistrado “confluía voluntariamente a los designios de Graffigna, y aportaba sus capacidades jurisdiccionales para allanar los obstáculos que pudieren entorpecer el designio delictivo”. Dicho en otras palabras, considera que fue funcional a los intereses del abogado, que convalidó dolosamente irregularidades y que dictó “sentencias arbitrarias” contra la Provincia por montos injustificados y exagerados.

Según Ortiz, entre otras cosas, Macchi no advirtió la inexistencia de una debida notificación de los juicios al Gobernador y el fiscal de Estado para que ejerzan el derecho de defensa, desechó los dictámenes del Tribunal de Tasaciones y sólo tuvo en cuenta los de los peritos de Graffigna, y a éste último le permitió actuar en representación de demandados sin legitimación. Estos actos se repitieron una y otra vez y para Ortiz no fue fruto de interpretaciones erróneas, sino de un modus operandi para favorecer al polémico abogado.

El juez, para acreditar que no fue casualidad, trazó una comparación con el accionar de Macchi en juicios de expropiaciones que no eran llevados por Graffigna. En los del imputado, dice Ortiz, violó las leyes que prohiben repotenciar deuda porque actualizó a 2001 la cifra a pagar por el Estado, le sumó un interés desde la fecha de desposesión hasta 1991 y después aplica la tasa activa hasta el efectivo pago, con lo que llevó el monto a pagar a las nubes. En los otros, por ejemplo el caso Grimalt, no mandó a pagar intereses tras 1991 sino que los aplica a partir de la fecha de actualización.

Con el procesamiento, Macchi y los demás imputados quedan encaminados a ir a juicio oral. Sin embargo, pueden apelar para intentar dar vuelta la resolución de Ortiz y evitar el banquillo de los acusados.

Ortiz actuó como subrogante en el Juzgado de Instrucción Nº 5 y lo que viene en la causa estará a cargo de Benedicto Correa, que recientemente fue designado al frente de ese organismo. Aparentemente, la próxima semana será puesto en funciones.