Más de un año después de haberse descubierto la maniobra que los involucra, el juez Pablo Flores dictó el auto de procesamiento contra los contadores Mariela Fernández Achem y Carlos Alejandro Correa. Los dos son empleados de planta permanente del Estado, prestan servicios en el Ministerio de Gobierno y tras un amplio operativo ordenado por el mismo magistrado, quedaron en la mira por un presunto pedido de dinero a un proveedor a cambio de favorecerlo en un concurso de precios. Les imputan el delito de exacciones ilegales y si bien no irían presos si son condenados, podrían ser cesanteados en sus cargos.
La noticia trascendió ayer de fuentes judiciales, pero el procesamiento había salido a fines de septiembre. En la práctica, implica el cierre de la instrucción de la causa y que Fernández y Correa quedaron a un paso de ir a juicio oral, aunque sus abogados defensores puedan apelar a la Cámara Penal para que la resolución de Flores sea revocada.
Correa es delegado fiscal y está afectado al Ministerio de Gobierno y Fernández es nada menos que la contadora de la misma cartera. El delito que les endilgan salió a la luz a mediados de junio del año pasado, cuando los dos fueron detenidos tras un sigiloso operativo de inteligencia (Ver foto). Todo se desencadenó cuando un proveedor que, aparentemente, tenía problemas impositivos para ser contratado por el Estado, denunció en la Justicia que los profesionales le pidieron dinero a cambio de no ponerle obstáculos en un concurso de precios para desinfectar el Penal de Chimbas.
El delegado fiscal, que se encargaba de controlar los procedimientos de gastos, es quien supuestamente le pidió 10 mil pesos al empresario para no eliminarlo de la compulsa para desinfectar la Cárcel provincial. Fernández Achem, además de trabajar en la cartera política, supuestamente tenía de cliente en su estudio contable al proveedor y, de acuerdo a lo que trascendió cuando fue detenida, la complican las escuchas telefónicas que ordenó el juez durante el operativo de inteligencia que se hizo previamente. La sospecha es que hubo complicidad entre ambos para ejecutar la maniobra y obtener una ventaja económica.
Según las fuentes, el procesamiento es por el delito de exacciones ilegales, previsto en el artículo 266 del Código Penal. El mismo castiga con prisión de 1 a 4 años “al funcionario público que en uso abusivo de su cargo, solicite, exija o haga pagar o entregar en forma indebida ya sea en forma personal o por otra persona, una derecho, una contribución, una dádiva, o cobre más derechos que los que correspondan abonar”.
En la faz administrativa, los empleados públicos habían quedado en uso de licencia con goce de haberes, como suele ocurrir en situaciones similares en el Estado. Pero, según fuentes oficiales, si el procesamiento queda firme, dejarían de cobrar sus haberes y hasta podrían ser cesanteados en sus cargos.
De los imputados, Correa llegó a ser trasladado al Penal y Fernández se vio beneficiada con prisión domiciliaria. Pero los dos fueron liberados bajo la presunción de que no se iban a fugar y que no interferirían en la investigación. A todo esto, ambos se exponen a ser sancionados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas con la suspensión de la matrícula como contadores.