La megacausa por evasión impositiva que se está tramitando en la Justicia Federal sigue dando qué hablar. Ayer fueron procesados los siete acusados de armar las sociedades fantasmas que le vendían facturas truchas a conocidas empresas sanjuaninas. A tres de ellos les imputan ser los organizadores de una asociación ilícita y están detenidos y los otros cuatro quedaron implicados como supuestos partícipes. Las firmas que compraban las facturas analizan entrar a una moratoria de la AFIP, con el objetivo de zafar del delito de evasión, según fuentes calificadas.

El procesamiento dispuesto por el juez Miguel Gálvez es un paso clave para avanzar en la causa y determinar cómo fue la supuesta maniobra que articularon los imputados y cientos de empresas para evadir más de 30 millones de pesos. La medida implica que hay elementos suficientes que refuerzan la hipótesis de culpabilidad de los sospechosos y se trata del paso previo al juicio oral y público, aunque se pueden seguir produciendo pruebas y los abogados defensores pueden apelar la resolución.

Según la resolución del magistrado, fueron procesados como organizadores del delito de asociación ilícita para evadir impuestos Francisco Martiniano Place, Graciela Vega Lecich y Daniel Eduardo Brisighelli. El delito que les imputan está tipificado en la Ley Penal Tributaria y contempla una pena mínima de 5 años de prisión y no es excarcelable.

Supuestamente, los tres estaban al frente de un grupo que armaba las llamadas "usinas de facturas". Se trata de sociedades fantasmas que le venden facturas por servicios que nunca prestaron a empresas legalmente constituidas. De esta manera, las firmas usuarias o compradoras simulan un aumento de costos y le pagan a la AFIP menos impuestos de lo que deberían.

Place y Vega Lecich están detenidos desde el 5 de marzo por ser considerados desde el principio organizadores. Brisighelli había quedado en libertad bajo una caución de 200 mil pesos porque era señalado sólo como partícipe, pero ayer el magistrado dispuso que fuera encarcelado. Fuentes vinculadas a la causa aseguraron que se reconsideró su situación y ahora está imputado como organizador.

También fueron procesados Roberto Augusto Madcur, Sebastián Fernández de Cieza, Vicente González y Hermógenes Peña. Están imputados en carácter partícipes de la asociación ilícita que presuntamente se armó para montar las usinas, delito que conlleva una pena mínima de 3 años y medio. Según las fuentes, Madcur está libre, Fernández de Cieza detenido y podría salir bajo una caución real y los otros dos fueron liberados tras una fianza como requisito de excarcelación.

El escandaloso caso no sólo apunta a quienes presuntamente vendían facturas, sino también a las empresas que supuestamente las compraban como el último eslabón de la cadena. A sus propietarios de les imputa el delito de evasión impositiva. Sin embargo, fuentes calificadas aseguraron que pueden zafar a través de la nueva ley de blanqueo de capitales. La norma establece que si una empresa acusada de evasión accede a una moratoria de la AFIP, queda suspendida la causa penal y, según las fuentes, es lo que están evaluando hacer.