A casi cuatro años y medio del atentado contra la casa que tiene asignada Rubén Lomas en el edificio de la delegación local de Vialidad Nacional, el juez federal Leopoldo Rago Gallo procesó a tres dirigentes del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STV). Se trata de Guillermo Augusto Lucero, Carlos José Ordoñez y Sebastián Aníbal Ordoñez, a quienes el magistrado los acusa de provocar el incendio intencional que en 2011 puso en peligro a la familia del funcionario. Si bien pueden apelar, se exponen a quedarse sin trabajo y recibir una pena de hasta 15 años de prisión.

La resolución de Rago Gallo cayó de lleno sobre uno de los hombres de peso del sindicalismo sanjuanino, como Carlos Ordoñez: es un histórico del gremio que nuclea a los viales y desde hace años es el secretario General en el distrito local. Su hijo Sebastián y Lucero integraban la Comisión Directiva al momento de los hechos y siempre estuvieron ligados a la actividad gremial, aunque ahora se encuentran más alejados y no ocupan ningún cargo.

El juez les endilga a los imputados el delito de incendio con riesgo para bienes y personas, contemplado en el artículo 186 del Código Penal. En su resolución, entiende que está probado el fuerte enfrentamiento que tenían con el titular del distrito local de Vialidad Nacional por un conflicto gremial (había una ácida interna entre el STV y UPCN) y en función de las pruebas y testimoniales que recogió, concluye que dejaron traslucir sus ganas de dañar a Lomas para “amedrentarlo” y demostrarle que tenían más poder que él, y que son los responsables del atentado.

Todo sucedió en la madrugada del 16 de noviembre de 2011, cuando la vivienda que Lomas comparte con su esposa y sus hijos en el predio del organismo nacional fue atacada con una bomba tipo Molotov. Las llamas tomaron una ventana, la persiana y las cortinas, pero los integrantes de la familia alcanzaron a sofocarlas antes de que llegaran a una biblioteca y se extendieran por el resto de la casa. El funcionario estaba en ese momento en Capital Federal y cuando se enteró, volvió de inmediato a la provincia.

Lomas, que sigue al frente de Vialidad Nacional, reconoció en aquel entonces un clima de tensión en la repartición por la puja gremial, pero evitó señalar a alguien. Mientras tanto, a San Juan llegaron decenas de mensajes de repudio por lo sucedido.

Los imputados seguirán libres, en virtud de que el procesamiento no es con prisión preventiva. Pero corren el riesgo de ir a la cárcel si son condenados a una pena superior a los 3 años, posibilidad que establecen los incisos 1 y 4 del artículo 186.

Al mismo tiempo, podrían quedar complicados en el ámbito laboral y gremial. Las autoridades nacionales del organismo abrieron oportunamente un sumario por el atentado y según fuentes calificadas, hay posibilidades de que sufran una dura sanción. Al ser una falta muy grave, pueden ser suspendidos como empleados de Vialidad Nacional, cesanteados y hasta exonerados. Si les cae alguna de las dos últimas, Ordoñez tendría que dejar el sindicato.