El juez Guillermo Adárvez, del Tercer Juzgado de Instrucción, procesó a una exempleada judicial porque cobró 2 cuotas alimentarias que le correspondían a 2 mujeres beneficiarias de ese régimen. El magistrado entendió que la implicada, Teresa Alonso, adulteró los cheques u órdenes de pago para recibir el dinero (2.100 pesos en total), por lo que le impuso los delitos de falsificación de documento público y estafa, explicaron fuentes judiciales. Según el expediente, en el primer caso, colocó su nombre en el cheque y después lo cobró, aunque luego devolvió el dinero. Y en el restante, envió a una persona (a la cual insertó en una orden de pago ajena) a retirar la plata de la cuota alimentaria para que luego se la entregara.
Alonso cumplía funciones en el Primer Juzgado de Menores, en donde estaba a cargo de la sección Libramientos, el área en la que se firmaban las órdenes de pago. Por la sospecha de quedarse con la plata de las cuotas alimentarias, la Corte de Justicia ordenó un sumario administrativo que finalizó con el despido de la empleada. Y ahora recibió el primer revés en la causa penal que puede culminar con un juicio en su contra. De todas formas, en el caso de recaer condena, no iría a prisión debido a que los delitos que se le imputan son excarcelables.
Pero las complicaciones de Alonso no terminan ahí ya que tiene 2 causas más, en las que habría aplicado la misma modalidad, que están bajo investigación. Ambas están siendo analizadas en otro sumario administrativo encargado por el máximo tribunal y en un expediente abierto del Tercer Juzgado de Instrucción, ya que hubo un pedido de investigación por parte del fiscal Daniel Guillén, de la Fiscalía de Instrucción Nº 1.
El caso se destapó el 31 de abril de 2011, cuando una mujer fue a cobrar al Banco San Juan la cuota alimentaria que le había depositado su expareja. Sin embargo, la beneficiaria descubrió que la cuenta estaba vacía y se lo comunicó a su abogado. A los días, ambos fueron a revisar el saldo y sorpresivamente detectaron que le dinero había sido repuesto. Por esa razón, informaron de lo sucedido al juez de Menores, Carlos Guido Ramírez, quien notificó a la Corte de la situación. Así se disparó el sumario administrativo y el máximo tribunal envió el expediente a la Fiscalía de Instrucción Nº 3, a cargo de Carlos Rodríguez. El fiscal pidió que se abra la causa y se desató la investigación que quedó en manos del juez Adárvez.
Según las fuentes, el magistrado llegó a la conclusión que Alonso confeccionó un libramiento en el que puso el nombre de la beneficiaria y al que le agregó el suyo. Así, el 30 de marzo del año pasado fue a cobrar una cuota alimentaria de 1.800 pesos, cuya titular descubrió al día siguiente que la cuenta estaba vacía. La implicada devolvería el dinero a los pocos días, pero el delito ya estaba consumado, explicaron las fuentes. Las pruebas que la incriminaron fueron los testimonios de los empleados bancarios que la atendieron cuando retiró y depositó la suma.
La investigación arrojó, además, que la empleada le encargó a una mujer que fuera al banco a entregar un cheque y retirar 300 pesos, que después resultó ser el monto de la cuota de otra beneficiaria. Para que la mujer enviada pudiera percibir la orden de pago, Alonso puso el libramiento a su nombre, destacaron las fuentes. Por esa razón, el juez la procesó por falsificación de documento público y estafa, ya que ideó la forma de quedarse con el dinero de particulares.