Por primera vez, el gobernador Gioja dijo en público que el decreto 699/10, que extiende los beneficios impositivos de la Promoción industrial, “no se puede aplicar” pero inmediatamente después puso sobre la mesa cuál es la estrategia que maneja hoy por hoy el Gobierno para que no se caiga definitivamente esta herramienta: hacer valer el remanente de cupos que no utilizaron las empresas promocionadas y que les permitiría seguir por un tiempo más desgravando impuestos y, de paso, ganar tiempo hasta tanto estén las tan mentadas “soluciones puntuales”. De esta manera, estiman que el 70% de las firmas promocionadas podrían seguir “atadas” a este beneficio hasta incluso por dos años más.

Este plan tiene en su horizonte un puñado de ventajas: no es una nueva Promoción, por ende no deberían quejarse en Mendoza, y viene a responder a los pedidos de los industriales sanjuaninos de gozar de más tiempo para exprimir el cupo que hace 15 años consiguieron. “Es un beneficio que tienen ahí y al vencerse el contrato queda bloqueado y no les permite seguir desgravando”, analizó un alto funcionario del Ejecutivo local. “Nos parece lo más viable, sería ideal para en ese tiempo discutir otro esquema para sostener la industria”, analizó Gustavo Fernández, vicepresidente de la Unión Industrial de San Juan.


LOS ARGUMENTOS

Fernández explicó que cuando cada una de las empresas presentó sus respectivos proyectos de inversión, allí se comprometieron a desarrollar un determinado monto dinerario, de producción y a generar una “X” cantidad de empleo. Esos eran los compromisos que asumían las empresas para solicitar el beneficio promocional y que muchas hasta el día de hoy no completaron su “cupo fiscal”. En su proyecto la empresa determinaba el costo fiscal, es decir aquellos impuestos que iba a dejar de pagar a lo largo del proyecto: por ejemplo eran 100 millones de pesos que la AFIP tomaba como techo del beneficio y se materializaba a través de una cuenta corriente que habilitaba la AFIP.

Pero en el medio pasaron dos cosas: en el arranque, allá por los años ‘97 y ‘98, se inició un proceso de recesión en el país y desindustrialización, donde los niveles de actividad fueron bajos para la industria y que luego eclosionaron entre 2001 y 2002 con la gran crisis. En este sentido, la devaluación significó de inmediato un proceso inflacionario en orden al 40% y se produjo una distorsión entre el monto del beneficio que había estipulado la AFIP, que quedó congelado a valores históricos, y el compromiso de las empresas, porque éstas debían seguir cumpliendo pero con un monto fiscal fijo. Esto llevó a que muchas empresas le plantearán a la AFIP una coyuntura: “yo sigo comprometido a un determinado nivel de empleo e inversión pero los costos se fueron actualizando, por lo tanto es justo que el beneficio impositivo se actualice”.