Sin hacer mucho ruido, pero dando paso firmes, el Gobierno provincial quiere tener todo listo para que, ni bien las provincias se pongan de acuerdo y se sepa si estará o no incluida Mendoza en la extensión de la Promoción Industrial del postergado decreto 699/10, estén todas las cuentas en orden de las empresas beneficiadas. En este sentido, ayer públicamente la Secretaría de Industria salió a convocar a las firmas beneficiadas -98 industrias-, junto a los diferimientos agrícolas, con el argumento de "regularizar las obligaciones pendientes de cumplimiento”. Desde Industria lo minimizaron -dijeron que "es algo de rutina"- pero por primera vez establecieron un plazo de 30 días para presentarse.

En el sector privado todos dicen en voz baja que el Gobierno quiere que las empresas tengan "los papeles en regla” para que cuando las convoquen para firmar el convenio con Nación no haya contratiempos y, además, establecer a cuánto asciende el costo fiscal que tendrá que afrontar el Estado nacional.

La convocatoria a las empresas fue ayer minimizada por las autoridades locales: "Todos los años hacemos esto (por llamar a las firmas), por ahí este año llama más la atención por todo el revuelo del decreto 699, pero es algo de rutina, incluso tienen que presentarse también las agrícolas (los populares diferimientos)”, sostuvo ayer en la mañana la secretaria de Industria y Comercio de la provincia, Sandra Barceló.

La funcionaria explicó que a las empresas las convocan sólo para que actualicen domicilios legales, responsables y cartelería, entre otras cosas. En tanto, los industriales -consultó a 5 referentes este diario- fueron contundentes. "Si fuera algo de rutina o menor no sacarían la convocatoria por los diarios. La Promoción implica un esfuerzo del Estado, en este caso el nacional, y sabemos que la Nación les pidió a las provincias que realicen un análisis de cuál será el impacto económico-fiscal que demandará este decreto”, comentó un contador que "lleva los libros” desde hace casi 5 años de una firma manufacturera. "Muchas empresas promocionadas no tienen en orden sus números, es una realidad, y creo que Industria no quiere encontrarse a último momento con dramas. Pero ojo, esto La Rioja lo hizo hace rato, aquí recién empiezan”, dijo un consultor que asesora a varias firmas promocionadas. Que empresarios y contadores no salgan a la palestra, responde -dicen- a que quieren evitar algún roce con el Gobierno que desentone con la estrategia silenciosa que llevan adelante las provincias promocionadas y que les ha dado buenos resultados.


Dos años de idas y vueltas
Tras la sanción del decreto 699/10, hace dos años, se desató una verdadera novela con todos los condimentos: por un lado, Mendoza -como punta de lanza- en su afán de que no se aplique interpuso una medida judicial. Y por el otro, los gobiernos de Catamarca, La Rioja, San Luis y San Juan se tuvieron que mover sigilosamente para sacar adelante el decreto, y recién pudieron festejar luego de la resolución favorable que echó por tierra los argumentos de la vecina provincia ante la Corte Suprema de Justicia. A raíz de esto y por orden del propio gobernador Gioja, el trabajo en San Juan se hace con cuidado para evitar cualquier impacto negativo en la provincia que dirige Francisco "Paco’ Pérez, sostienen.