Mendoza, 17 de septiembre.- En medio de las negociaciones entre La Rioja y San Juan con Mendoza, por la promoción industrial, el Gobierno mendocino presentó un escrito en la Suprema Corte de Justicia de La Nación, con el que busca dejar sin efecto el planteo anterior sobre la inconstitucionalidad del decreto nacional 699 que extendió por 15 años la promoción industrial para San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca. De igual forma los medios mendocinos, que difundieron la información, no precisaron detalles del escrito y si apunta a levantar la demanda inicial o a suspenderla para lograr tiempo y seguir negociando.
Según Diario Los Andes, de Mendoza, el martes al mediodía, el fiscal de Estado de Mendoza, Joaquín De Rosas, y el asesor de Gobierno, César Mosso Giannini radicaron, en la Secretaría de Asuntos Originarios de la Corte Suprema nacional, un escrito que se anexó a la causa por la cual Mendoza demandó al Estado nacional a raíz del decreto 699/10 de la presidenta Cristina Fernández, que prorrogó la promoción industrial hasta 2027 en las provincias vecinas.
Pero en Buenos Aires todas las fuentes consultadas, tanto judiciales como políticas, dieron por sentado que la presentación de la Provincia de Mendoza es un pedido a la Corte (que ya está en condiciones de abocarse al estudio del tema porque el procurador Esteban Righi entendió que tiene competencia) para que desestime la causa contra la Nación.
En primer lugar, porque ésta es la exigencia que la Nación fijó a todas las provincias que mantienen pleitos contra la administración federal para que éstas puedan acceder al Programa de Desendeudamiento, que Jaque rubricó con Cristina el 26 de agosto.
Por el mismo, Mendoza accederá a una rebaja de la deuda de 424 millones de pesos y una reprogramación del saldo -2.458 millones de pesos- a 20 años, con un año y medio de gracia. Pero a pesar de que el Gobernador y la Presidenta firmaron el convenio, éste quedó supeditado a que en 90 días la Provincia retire de la Corte su demanda contra la extendida promoción industrial.
Además, las fuentes políticas agregaron otro elemento: la Presidenta tiene en su despacho un nuevo decreto por el cual se incorporará a siete departamentos mendocinos al régimen de promoción que tienen San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja. Éste es el principal acuerdo que hay entre las provincias de la región y Mendoza, producto de una ardua negociación, tutelada por la Casa Rosada, para hallar una salida al conflicto que desató el decreto 699.
"Hasta que Mendoza no levante su demanda ante la Nación, Cristina no firmará nada", explicó un vocero del Gobierno nacional que agregó que el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, la ministra de Industria, Débora Giorgi, y el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, son los autores del texto que está a la firma de Cristina Fernández.
Críticas unánimes
El Gobierno mendocino mantuvo ayer la política que sostiene desde hace casi un mes de no informar sobre el avance de las negociaciones con la Nación y las provincias vecinas en el conflicto por la promoción. Pero la novedad de que la Provincia, por instrucción del Gobernador, decidió desacelerar -o tal vez desistir, si se comprueba la versión de los informantes- la causa contra el Estado nacional, irritó y enfureció a los principales líderes de la oposición mendocina.
El presidente de la UCR nacional, el senador Ernesto Sanz, opinó que "se están lesionando los intereses de Mendoza. No se puede pasar de hacer una presentación judicial que fue elogiada por todos y consensuada por todas las fuerzas políticas, a retirarla o suspenderla unilateralmente. Lo mínimo que tendría que hacer Jaque es que sea la Legislatura la que defina", sostuvo.
La diputada nacional radical Mariana Juri, quien asistió a la Casa de Gobierno el domingo 30 de mayo cuando todo el espectro político avaló que Jaque recurriera ante la Corte, dijo sentirse dolida: "Queda demostrado que nosotros no podemos ayudar a un Gobernador que no se deja ayudar. Podríamos haber sacado rédito político en aquel momento y fuimos muy generosos".
En tanto, la senadora cobista Laura Montero se mostró sorprendida, pero enseguida acotó: "Parece otra actitud de subordinación de Jaque sin un beneficio concreto para Mendoza".
El peronista federal Enrique Thomas fue muy duro. "Estas cosas no se pueden manejar como un secreto de alcoba porque había una política de Estado consensuada por todos. No sólo -Jaque- está estafando a la clase política sino al empresariado de Mendoza que acompañó la presentación ante la Corte", dijo.
Thomas también criticó la posible incorporación de siete departamentos mendocinos a la promoción: "No sólo se mantiene la asimetría hacia afuera, con respecto a las otras provincias, sino que ahora habrá asimetría hacia adentro, entre los departamentos".
El demócrata Omar De Marchi opinó que "sería una enorme irresponsabilidad que Mendoza desistiera o suspendiera su planteo judicial contra la promoción. Esto ya lo hizo Cobos en 2007 con la causa que inició diez años antes Lafalla y así nos fue. Si Jaque hizo esto, no puede volver a la provincia".
Pero esta decisión no cosechó sólo críticas opositoras sino también del peronismo. "Es un tema lo suficientemente importante como para que se maneje de esta manera. Yo soy oficialista, tuve una iniciativa para solucionar el conflicto y no me comunicaron nada. Es necesario que se informe a toda la provincia", dijo Omar Félix.