Buenos Aires.- Con respaldo parcial de la oposición, Cambiemos consiguió en la Cámara de Diputados el dictamen favorable del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que reintegra el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los consumidores de bienes de la canasta básica que cobren asignaciones universales o una jubilación o pensión mínima.
La iniciativa fue avalada este martes al cabo de una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde el Frente para la Victoria y el bloque Justicialista firmaron dictámenes alternativos, mientras que el massismo acompañó al oficialismo con disidencias, al igual que el interbloque del Frente Amplio Progresista.
Con la excepción de la izquierda, todos los bloques coincidieron en destacar el espíritu del proyecto en medio de un contexto inflacionario que afecta a los sectores más vulnerables, aunque la oposición sugirió modificaciones al texto oficial, algunas de las cuales fueron aceptadas.
El texto apunta a devolver a un sector de la población un monto del 15% como mínimo –fijado en $300 en el texto de la ley- sobre los bienes de la canasta básica.
El oficialismo modificó el artículo 2 del proyecto para dejar establecida esa cifra, que “se irá ajustando según las variaciones de la canasta básica de alimentos publicada por el Indec”, informó Luciano Laspina, titular de la comisión.
En cuanto al mecanismo de devolución, Cambiemos aceptó alterar el proyecto para que contemple no sólo las tarjetas de débito, sino también otros medios electrónicos de pago que sean habilitados por la AFIP.
Los beneficiarios de la ley serán quienes perciben jubilaciones; pensiones por fallecimiento o pensiones no contributivas nacionales; la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo.
Al abrir la discusión, Marco Lavagna anticipó el apoyo del Frente Renovador al dictamen de mayoría aunque con una disidencia parcial, al considerar que la propuesta presidencial “no va a tener el impacto buscado”.
“Tenemos una situación despareja entre aquellos que hoy están con posibilidad de bancarización y tener rápido el beneficio. Esto se da con los jubilados. Si bien todos tienen la tarjeta con la cual cobran sus haberes, pocos la terminan autorizando para realizar las compras”, advirtió el economista.
En tanto, propuso que “por tres o seis meses” haya una suba en los haberes jubilatorios hasta que los jubilados se acostumbren o autoricen a terceros a utilizar sus tarjetas de débito, y hasta que se extienda aún más la red de Posnet.
Lavagna abogó finalmente por que “este esfuerzo fiscal del Poder Ejecutivo llegue a compensar la pérdida del poder adquisitivo a causa de la inflación”.
Por el oficialismo, Eduardo Amadeo (Pro) destacó que se trata de “un cambio importantísimo en el funcionamiento de la economía” porque “va a permitir la regularización de los negocios” y, además, “aporta recursos a las personas con ingresos mínimos”.
Asimismo, Fernando Sánchez (CC-ARI) remarcó que “es la primera vez en años que se plantea bajar impuestos”, en este caso “el impuesto más injusto de todos”.
Diego Bossio fundamentó el dictamen alternativo del bloque Justicialista y advirtió que “sólo el 23% de los comercios tiene Posnet” y se concentra “en las grandes ciudades”; además, advirtió sobre la comisión que deben abonar los locales para la implementación de este sistema.
Desde el mismo espacio, Pablo Kosiner apuntó que “claramente se están afectando fondos de las provincias” y propuso que la ley sea financiada a través del Presupuesto Nacional, al tiempo que opinó que “debe ser una política de recuperación del poder adquisitivo, no de promover la bancarización”.
Por su parte, Axel Kicillof (Frente para la Victoria) reconoció que su bloque “está de acuerdo en el espíritu del proyecto” y remarcó la urgencia, pero consideró que “la implementación es muy mala”.
“Si queremos devolverle (a los beneficiarios) lo que gastan en la canasta básica, no lo podemos hacer por Posnet”, alertó Kicillof, que en el mismo sentido que Bossio señaló que un porcentaje menor de estos comercios posee este sistema.
El legislador kirchnerista propuso en cambio “depositarle esa plata directamente a los sectores que queremos que la reciban”, y una vez luego “dar incentivos para bancarizar”.
“¿Por qué no empezamos por no abrir cuentas en Panamá si no queremos que evadan?”, chicaneó el exministro de Economía sobre la participación del presidente Mauricio Macri en sociedades offshore.
Kicillof advirtió sobre la posibilidad de un “efecto perverso: concentrar el comercio en los supermercados de las grandes ciudades” en detrimento de los comercios de barrio que no cuentan con Posnet, con un riesgo de “desempleo” y de “ganancias para los bancos”.
Además, el diputado lamentó que la iniciativa deje afuera a los jóvenes que reciben el plan Progresar y las trabajadoras de casas particulares, entre otros sectores.
La socialista Alicia Ciciliani manifestó su apoyo parcial al proyecto, que dijo haber impulsado desde el año 2010, y enfatizó el objetivo de “darle el derecho a la bancarización a todos los ciudadanos argentinos”.
En el artículo 5 del proyecto se establece que quedan excluidos del régimen los perceptores de más de un beneficio o prestación, sin considerar la AUH ni la Asignación por Embarazo.
También se excluye a los beneficiarios de dichos planes que tributen el impuesto a los Bienes Personales; quienes perciban otros ingresos que hayan sido declarados en el impuesto a las Ganancias o en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo).
Además se exceptúa del beneficio a quienes perciban ingresos en relación de dependencia o estén inscriptos en el Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA) como trabajadores autónomos. Laspina anunció un agregado para que también se excluya al grupo familiar que goce de hasta 2,5 jubilaciones mínimas.
Otro de los agregados al proyecto original consiste en un artículo que obliga a la ANSES y la AFIP a encarar una campaña de concientización financiera para los potenciales beneficiarios.
Fuente: Parlamentario