El senador nacional sanjuanino César Gioja, anunció ayer que presentará en el Senado un proyecto de ley para regular la muerte de un paciente de enfermedad terminal, que pone sobre el tapete el debate sobre las decisiones personales frente a las de los médicos. Lo hizo junto al sacerdote José Juan García, quien aclaró que asesoró al legislador en materia de bioética pero que no habla por la Iglesia.
El proyecto, bajo el fundamento de bregar por una "muerte digna" y ante un "vacío legal" (ver aparte), es para crear un registro en el ámbito del Registro Civil donde se anoten y custodien los "testamentos vitales" de las personas mayores de edad. Estos son documentos donde consta la voluntad de quien hace el registro, de que estando él en situación crítica irrecuperable provocada por una enfermedad terminal, no se lo mantenga con vida por medio de tratamientos médicos "que sean desproporcionados o extraordinarios y que impliquen la prolongación en forma abusiva del proceso de muerte".
También fija que la persona puede elegir un intermediario ante un médico o institución sanitaria para decidir sobre lo mismo. Esto es, que la persona designada por el enfermo terminal, según el senador definido como que no tenga expectativa de vida por más de 7 meses, pueda decidir que no se le practiquen más asistencias que hidratación, alimentación y analgésicos para el dolor, quedando todo lo demás considerado como "invasivo", según explicó ayer el senador en conferencia de prensa. Fijan como obligatorio para el médico cerciorarse que existe un testamento vital y cumplirlo, si no, será considerado mala praxis.
Gioja sostuvo que "no pretendemos de ningún modo que haya eutanasia, estamos en contra, y tampoco propiciamos el suicidio. Lo que planteamos es poder decidir sobre el final de la vida".
El sacerdote dijo que "aquí la clave está en saber distinguir entre medios ordinarios y proporcionados, que son obligatorios, como la hidratación, la alimentación y los analgésicos. Y aquellos otros medios extraordinarios o desproporcionados para mantener en vida a un enfermo terminal, que no son obligatorios, y que por eso entran en la consideración de la persona, de un familiar o del entorno". Y aclaró que su posición es personal y no en nombre de la Iglesia. Ayer, el arzobispo Alfonso Delgado no pudo ser ubicado para conocer su opinión.
La iniciativa pone límites a la declaración: no podrá contener instrucciones que resulten contrarias al ordenamiento jurídico y además aquellas que dispongan restricciones al tratamiento necesario para aliviar el dolor, hidratarse y alimentarse, como así todas aquellas acciones médicas que impliquen eutanasia activa o pasiva. Definen a la primera como "provocar una muerte indolora a petición de un paciente con una enfermedad terminal o gravemente invalidante" y a la segunda como "adelantar la hora de muerte dejando de hidratar o alimentar o de tratar una complicación que precipita el término de vida".